Las leyes chinas son un reflejo de la complicada mezcla de las prioridades del Partido Comunista, las leyes promulgadas en 1949, y la reforma económica de 1979, que intentaba poner la economía china en línea con la de Estados Unidos y Europa.

El Congreso Nacional Popular es responsable de presentar proyectos de ley en temas fiscales y de derechos humanos.

Sin embargo, no todas las leyes se respetan, y muchas autoridades locales y empresas estatales ven las decisiones de los tribunales como algo para ser negociado, no cumplido.

La más alta instancia judicial es la Fiscalía Popular Suprema, encargada de salvaguardar la Constitución, las leyes y los derechos populares. Los fiscales son responsables de aprobar arrestos y proveer asistencia pública.

El Tribunal Popular Supremo tiene a su cargo la investigación y detención en los casos criminales.