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"Están fumigando las aguas, hay niños afectados, enfermos y gente que se está enloqueciendo por ahí en la parte del cerro" "Yo tengo potreros, tengo plátano, tengo yuca, tengo maíz. Desde que pasaron las avionetas hace tres meses... mejor dicho, sólo quedó el tierrero" Testimonios a la BBC de campesinos e indígenas del departamento del Putumayo, en el sur de Colombia y cerca de la frontera con Ecuador.
Las operaciones aéreas se iniciaron con rigor el pasado 22 de diciembre y forman parte esencial del Plan Colombia, la estrategia del presidente Andrés Pastrana para combatir la producción y el tráfico de droga en el país. Esta iniciativa recibió el respaldo pleno del gobierno de Estados Unidos, que ofreció a Colombia una ayuda económica para llevarlo a cabo de cerca de US$1.300 millones. Tratando de encontrar una solución a los problemas que acarrea la fumigación, se han formalizado hasta ahora tres pactos de erradicación voluntaria de siembras, que comprometen a los cocaleros a eliminar de forma voluntaria sus cultivos ilegales y al Estado a la financiación inmediata de la salud alimentaria de las familias. Pero la fumigación aérea continúa destruyendo siembras en algunas regiones del país. Ataque aéreo Utilizando fotografías tomadas por satélites, la policía antinarcóticos fumiga diariamente amplias áreas en las que se cultiva la hoja de coca.
Según Jesús Ortega, alcalde de Puerto Guzmán, una pequeña localidad de Putumayo, el problema que ha causado la fumigación de la coca es grave. "Hace unos meses se fumigó aquí en el municipio de Puerto Guzmán, pero no se respetaron los convenios que se tenían por decreto", declaró Ortega a la BBC. "Se hizo de una forma indiscriminada, sin tener en cuenta que iba a afectar cultivos agrícolas de pancojer, como plátano, yuca, maíz, fríjol, además de los potreros y las zonas verdes", agregó. "Han fumigado corrientes de agua, ganado y gente. Se han registrado abortos en la ganadería y envenenamientos de personas. A su salud Así como el alcalde, los habitantes de la región afirman que la salud de muchos de los pobladores se ha visto afectada.
"Fue un impacto de la fumigación, que no anticipamos. Ahora que lo estamos recibiendo, vemos las consecuencias", comenta Jangasoy. Desde que las autoridades colombianas iniciaron esta nueva etapa de fumigación, las oficinas municipales del departamento del Putumayo han recibido más reclamos de lo normal. La mayoría de ellos, según el alcalde, se quejan de lo mismo: su finca ha sido afectada. Ultra nocivo Según los especialistas, el problema de las fumigaciones radica en el empleo de un herbicida de alta concentracion de glifosato -una sustancia química conocida por los efectos dañinos para la salud humana.
En Colombia, las autoridades están utilizando un herbicida mucho más fuerte y nocivo que el Round Up, llamado Round Up Ultra. "No estamos hablando de un glifosato inocuo", dijo a la BBC Ricardo Vargas, del Acción Andina, una organización no gubernamental que investiga políticas antidrogas. "Con la formulación clásica del Round Up también apreciabamos algunos daños, pero no situaciones tan graves como las que vemos ahora", agregó Vargas. "Se está utilizando una formulación que el país desconoce, que se ha usado sin clarificar quienes deben hacer los ensayos pertinentes que prevean los efectos en materia ambiental y de salud". Para Vargas, en ese sentido, la situación es irregular y provocada por el gobierno. La otra cara
Según cálculos oficiales, los agroquímicos necesarios para mejorar la productividad de las plantaciones de coca están causando un desastre ambiental comparable a un enorme derrame de petróleo en las montañas colombianas. El consejero presidencial para la convivencia y seguridad colombiana, Gonzalo de Francisco, dijo a la BBC que el gobierno debe escojer entre todos los males, el menor. "La fumigación es como la quimoterapia. Desafortunadamente lo que busca es la eliminación de las plantas de coca. Cuando hay cultivos mezclados, eso trae inconvenientes".
"Estamos buscando un Putumayo sin coca y con desarrollo social", concluyó el consejero. Con este tipo de programas, el gobierno del presidente Andrés Pastrana pretende acabar en los próximos seis años con la mitad de las 120.000 hectáreas de coca que existen actualmente en el país. |
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