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Viernes, 01.12.2000. Ordenan arresto de Pinochet Pinochet recientemente, el día de su 85º cumpleaños.

Desde Santiago, informa para la BBC el periodista Gilberto Villarroel

Una semana después de haber cumplido 85 años, el general en retiro Augusto Pinochet enfrenta, por primera vez en su vida, un procesamiento por atropellos a los derechos humanos cometidos bajo el régimen que él encabezó entre 1973 y 1990.

Y su arma legal para enfrentarse es, paradójicamente, la posibilidad de presentar un recurso de amparo, algo que los tribunales rechazaron sistemáticamente durante su gobierno, alegando estados de excepción constitucional impuestos por los militares.

El magistrado Juan Guzmán, que investiga las querellas presentadas contra Pinochet –más de 180- decidió someterlo a proceso, como autor intelectual de los delitos de secuestro calificado y homicidio, en el caso de la llamada “Caravana de la Muerte”.

Pinochet enfrenta más de 180 querellas por presuntas violaciones a los derechos humanos.

Se denomina así a las ejecuciones de 76 personas, perpetradas en distintas ciudades del país tras el golpe militar, cuando una comitiva militar, encabezada por el general Sergio Arellano, quien actuaba como delegado de Pinochet y la Junta Militar, llegó a regimientos y centros de detención con la orden de “agilizar los procesos”.

Rodeado de peritos y en mangas de camisa bajo el sol del Desierto de Atacama, el juez Guzmán siguió durante meses pistas falsas, buscando las fosas comunes en que habrían sido sepultados los detenidos-desaparecidos.

Pero los restos parecían haber sido removidos y trasladados a otros lugares.

Hace pocos días, militares en retiro empezaron a colaborar con el magistrado y lo acompañaron en sus pesquisas en terreno. Entre ellos estaba el ex brigadier Pedro Espinoza, ex oficial de la Dirección de Inteligencia Nacional, DINA, quien ya cumplió condena en la cárcel por el asesinato en Washington del ex Canciller Orlando Letelier, perpetrado en 1976.

Inesperado

Presidente Lagos: "respeto la decisión de Guzmán".

El procesamiento de Pinochet tomó por sorpresa al mundo político y los medios de comunicación. La televisión se preparaba para la transmisión de 27 horas de la Teletón, campaña dedicada a los niños minusválidos.

El Presidente de la República, el socialista Ricardo Lagos, estaba en México. Desde allí declaró a la prensa que "frente a la resolución que ha emitido el juez Guzmán sólo me cabe decir que respeto la misma".

"Ésta es una expresión -agregó Lagos- de lo que está ocurriendo en el país, del fortalecimiento del sistema democrático y la tranquilidad con que los chilenos y chilenas debemos acostumbrarnos a que este tipo de definiciones judiciales se adopten en Chile".

La defensa de Pinochet se reunió durante la tarde, esperando el momento en que el juez materializaría el arresto domiciliario del desaforado senador vitalicio.

Pinochet aún fuera de Santiago

Pinochet fue procesado por autoría intelectual de secuestro calificado y homicidio.

Fernando Barros, abogado que actuó como portavoz de Pinochet durante su detención en Londres, comentó a la prensa que Pinochet estaba todavía fuera de Santiago y que aún no había sido notificado oficialmente.

Marco Antonio Pinochet, uno de los hijos del ex gobernante de facto, declaró a Radio Chilena que "aquí no se ha tomado en cuenta nada" y agregó que "el juez Guzmán está actuando de una manera que yo no comprendo".

"Él ha sido precursor de ver la parte médica, de que se iban a tomar exámenes médicos y, de la noche a la mañana, ha cambiado su postura; me llama la atención", concluyó Pinochet hijo.

El lunes era cuando debía decidirse el lugar en que Pinochet sería sometido a exámenes médicos.

Entretanto, Barros, en contacto telefónico con la BBC de Londres desde Santiago, señaló que se trataba de una “orgía judicial” chileno-argentina.

Los tribunales argentinos enviarán en estos días una petición para interrogar a Pinochet, en la investigación por el asesinato del ex Comandante en Jefe del Ejército chileno, Carlos Prats, y su esposa, perpetrado en 1974 en Buenos Aires.

El ex presidente Patricio Aylwin consideró “impactante” el procesamiento de Pinochet y recordó las palabras dichas por el militar cuando gobernaba: "En este país no se mueve una sola hoja sin que yo lo sepa".

Y mientras los abogados querellantes se abrazaban en los pasillos del edificio de los tribunales de justicia, en otros lugares de Santiago, como la sede de la Agrupación de Familiares de Detenidos-Desaparecidos, se improvisaban brindis con champaña.

Rompiendo el cerco de la amnistía

El decreto ley de amnistía, promulgado en 1978 por el régimen militar, cubría los crímenes cometidos entre ese año y 1973. Durante años, los tribunales se negaron a investigar estos casos.

A comienzos de los 90, el presidente demócratacristiano Patricio Aylwin impuso la llamada “doctrina Aylwin”, según la cual la amnistía no impedía indagar para conocer la verdad y el paradero de los desaparecidos.

Según el Informe Rettig, 3.197 personas fueron asesinadas durante el régimen militar. De ellas, 1.102 son detenidos-desaparecidos.

En los últimos años, los jueces chilenos agregaron otro criterio: que no se podía aplicar la amnistía a delitos de secuestro calificado, nombre que se dio a aquellos casos en que los cuerpos de los desaparecidos no podían ser encontrados. De este modo, los casos se reactivaron y prosperaron las querellas contra Pinochet.

Como contrapartida, algunos magistrados han sido víctimas de duros ataques y descalificaciones por parte de parlamentarios de derecha desde que Pinochet empezó a ser investigado por los tribunales.