Los tres jueces del Tribunal Superior de Londres a cargo de la vista del caso Pinochet, dictaminaron que el ministro del Interior de Gran Bretaña, Jack Straw, debe entregar el informe médico a los países que piden la extradición del general en retiro.

De esta forma, se da lugar al recurso presentado por Bélgica y seis organizaciones pro-derechos humanos. Los mismos exigían conocer todos los antecedentes sobre los cuales Straw se basaría para dejar en libertad al ex gobernante de facto de Chile por razones humanitarias.

Además de Bélgica, Londres deberá facilitar los informes a los demás países que solicitaron la extradición del general: España, Francia y Suiza.

El juez Simon Brown, quien presidió la audiencia, señaló que "el informe médico debe ser entregado a los cuatro países bajo la condición de mantener una estricta confidencialidad".


Próximos pasos

Los partidarios de Pinochet quieren que Londres le permita volver a Chile.

El Ministerio del Interior de Gran Bretaña confirmó el envío de toda la documentación a las embajadas de los países involucrados en el caso. Estos tendrán hasta las 17 horas del próximo martes 22 para formular sus observaciones.

En el caso de que consideren que el diagnóstico de Pinochet no es correcto, la parte acusadora tendría ahora fundamentos para cuestionar la decisión de Jack Straw.

Asimismo, la defensa de Pinochet podría presentar una apelación contra la decisión del Tribunal Superior de Londres ante la Cámara de los Lores británica, la máxima autoridad judicial del país.

Entretanto, Augusto Pinochet (84), sigue el desarrollo de los acontecimientos desde su residencia en Wentworth, Surrey, al sur de Londres.


Las reacciones

El juez de la Audiencia Nacional de España, Baltasar Garzón, quien busca la extradición del general Pinochet por cargos de tortura y conspiración para la tortura, mostró su beneplácito ante la decisión de la justicia británica.

Según fuentes allegadas al magistrado, Garzón espera ver los detalles del examen físico y mental de Pinochet antes de reafirmar su solicitud para que se practique un segundo estudio con la participación de profesionales designados por España.

Entre los que se mostraron satisfechos con la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Londres, también se encuentran las agrupaciones de familiares de detenidos desaparecidos.

Joan Garcés, uno de los abogados que representa a las víctimas del régimen de facto de Chile, destacó la importancia de que "la última decisión la tome un tribunal de justicia y no un acuerdo político de impunidad".

Por su parte, Luis Cortés, director de la Fundación Pinochet en Santiago de Chile, acusó a la justicia británica de "lavarse las manos". "Aquí no gana nadie, aquí perdemos todos", sentenció.