La movilidad poblacional de ciudadanos de un país hacia otro, al menos la asociada a economías que interactúan de tal forma que el mercado laboral de uno de ellos requiere de la mano de obra no nativa que le proporciona el segundo, ocurre esencialmente de dos formas: de manera ordenada y segura a través de fronteras más o menos flexibles, como por ejemplo entre los países de la Comunidad Europea, o bien de manera desordenada e insegura como sucede con la migración de los países exteriores a la mencionada comunidad o como también ocurre con la migración mexicana que se dirige a Estados Unidos.

Por lo general, en este último caso, ni el país receptor ni el país emisor han desarrollado una verdadera política migratoria o peor aún lo hacen de manera unilateral respondiendo a agendas de corto plazo. La consecuencia de una política unilateral desde el país receptor es que tiene efectos no deseados, llegando incluso a poner en riesgo la vida de los migrantes, o al menos se convierte, por la vía de los hechos, en un factor que incrementa los riesgos asociados al desplazamiento migratorio. Por otro lado, la ausencia de una política migratoria que asuma las responsabilidades que tiene el país de salida de los migrantes deja que los flujos migratorios se desarrollen en una especie de "libre mercado" que se convierte en el terreno fértil para abusar de ellos y violar sus derechos humanos.

En el caso de la migración de mexicanos hacia Estados Unidos, la falta de esta política congruente con el resto de la relación entre los dos países, que debemos recordar firmaron un tratado de libre comercio con una visión integradora de largo plazo y la ausencia de una política migratoria mexicana propia que atienda y proteja a sus ciudadanos, ha propiciado que los desplazamientos de los migrantes se realicen en condiciones de extrema vulnerabilidad y riesgo que acompaña prácticamente toda la experiencia migratoria, tanto en México como en Estados Unidos. Así, las violaciones a los derechos humanos de los migrantes se dan por omisión en México y como consecuencia de una política gubernamental en Estados Unidos.

Los riesgos de los seiscientos mil migrantes que anualmente llegan a localidades fronterizas, para intentar desde ahí el cruce hacia Estados Unidos, y las posibles violaciones de sus derechos humanos, se inician prácticamente desde que el migrante abandona su domicilio. En las estaciones de autobús o aeropuertos es común que los prestadores de servicios, a pesar de estar diseñados prácticamente de manera exclusiva para los migrantes, abusan de ellos al cobrar tarifas excesivas. Durante el trayecto entre sus lugares de origen y las localidades fronterizas, los migrantes son objeto de inspecciones que en la práctica son espacios de extorsión y abuso. En las localidades fronterizas, el migrante se ve expuesto a los abusos de los prestadores de servicios en dichas localidades, a ser desposeídos de sus pertenencias y a ser estafados por los "polleros" o guías.

Sin embargo, en virtud de la política de control de la frontera instrumentada por Estados Unidos, el riesgo mayor se da al momento de cruce indocumentado por zonas menos vigiladas pero que se encuentran alejadas de los centros urbanos, de las vías de comunicación y que enfrentan climas extremos en las montañas o el desierto y que provocan, según registros oficiales, más de cuatrocientas muertes por año, provocando así una de las mayores contradicciones entre un proceso de integración como el que viven ambos países, con la creación artificial de una zona de conflicto en la frontera que ambos comparten, sin que ello haya repercutido mayormente en el control de los flujos migratorios.

"En la década en la que la frontera ha sido objeto de una mayor vigilancia, es cuando más migrantes mexicanos han entrado de manera indocumentada a Estados Unidos".

Baste recordar que en la década en la que la frontera ha sido objeto de una mayor vigilancia es cuando más migrantes mexicanos han entrado de manera indocumentada a Estados Unidos. A este escenario debemos aumentar el desconocimiento de los migrantes acerca de estos riesgos y la percepción que tienen de algunos actores involucrados en el proceso, como por ejemplo los "polleros" que a través de generalizaciones simplistas son satanizados por los gobiernos, pero en algunos casos son bien aceptados y a veces hasta admirados por los migrantes.

El nuevo gobierno mexicano ha insistido en una agenda migratoria conjunta que contemple a la frontera como uno de sus espacios neurálgicos. Sin embargo, los sucesos del 11 de septiembre posponen esa agenda e, injustificadamente, devuelven a la frontera el papel de garante de la soberanía y seguridad nacional, y no el de espacio de tránsito de la movilidad poblacional, que sin duda incrementará aún más los riesgos de los migrantes.

La nueva frontera rígida, en ausencia de acuerdos laborales, confunde migrantes y terroristas, y funcionaría como instrumento que obstaculiza la movilidad, con resultados más que dudosos en el terreno de la seguridad nacional.