En el contexto de la migración, México es uno de los países de tránsito más importantes a nivel mundial, ya que representa el último antes de llegar a los Estados Unidos por tierra, y una nación importante para alcanzar Canadá. El Servicio de Naturalización e Inmigración (INS por sus siglas en inglés) estima que 1,5 millones de migrantes fueron arrestados en la zona fronteriza de los Estados Unidos y México en 1999. No existen estadísticas confiables con relación al número de personas que cruzan la frontera sur de México desde Belice y Guatemala; sin embargo, el Instituto Nacional de Migración mexicano (INM) reporta 170.000 deportaciones en el año 2000.

Entré a México el 9 de septiembre por Tecún Umán. En la fecha 14 de septiembre la judicial de Ariaga, Chiapas me quitó 600 pesos y me soltó. En la fecha 15 de septiembre en la noche, en el ejido las Anonas, la policía vestida de azul me quitó cien dólares. En la fecha 16 de septiembre, la judicial de Ixtepec me quitó 400 pesos y después me llevó a un suburbio para presentarme un coyote que me llevaría al sitio que yo quisiera, pero de allí me escapé. Testimonio de un migrante hondureño, Juchitán, Oaxaca, 20 de septiembre de 2001.

Las personas que migran hacia los Estados Unidos de América a través de México provienen de países centroamericanos, además de los sudamericanos Ecuador, Colombia, y Perú y, cada vez con más frecuencia, de países ubicados en distintos continentes como China, India, Irán, Irak, Pakistán, Somalia, Sri Lanka y Sierra Leona. Dejan sus países por razones tan variadas como el desempleo y el subempleo, a consecuencia de desastres naturales, para reunirse con familiares en las naciones del norte de América, así como por violencia generalizada o la persecución individual.

Para todos, el viaje a través de México presenta una serie de problemas, ya que la política migratoria así como el marco jurídico mexicano, ubica la migración en el marco de la seguridad nacional. En un Foro de Política Migratoria llevado a cabo el 23 de noviembre de 2001 en la ciudad de México, el Comisionado del Instituto Nacional de Migración, Felipe de Jesús Preciado Coronado, refiriéndose a las personas indocumentadas, declaró: "Si nosotros no deportáramos a los 170.000 ciudadanos de diversos países que estuvieron aquí en forma indocumentada, los tendríamos aquí, causando problemas a la seguridad y soberanía nacional".

Este punto de vista se manifiesta también en el llamado "Plan Sur", anunciado en junio de 2001. Dicho Plan establece mecanismos para sellar el Istmo de Tehuantepec, aumentando el número de autoridades en los puntos de paso más frecuentados por los migrantes sin documentos. Esta política ha sido criticada por la sociedad civil, ya que para llevarla a cabo se institucionaliza el involucramiento de varias autoridades en la intercepción y detención de migrantes, incluyendo, entre otros, a las policías municipales, estatales y federal, el Ejército y la Marina, además de la Policía Federal Preventiva, las policías judiciales y los agentes migratorios.

Este Plan puede ser fuente de riesgos más fuertes para los migrantes que tratan de cruzar el territorio mexicano, ya que permite a cualquier autoridad interceptarlos, omitiendo en su mayoría identificarse como tal y violando sus derechos y garantías. El problema continúa durante toda la trayectoria, ya que las principales carreteras cuentan con cientos de retenes a lo largo del país. Para las personas u organizaciones que trabajan documentando estos abusos es sumamente difícil, ya que pocas veces los migrantes pueden identificar el cuerpo policiaco u dependencia que afecta sus derechos. Esta participación de múltiples dependencias ha sido criticada por su falta de sustento en la Ley General de Población y su Reglamento, que establecen los requisitos legales que deben observarse para la participación de cuerpos diferentes al INM o a la Policía Federal Preventiva.

Un ejemplo de la profunda corrupción y los intereses económicos que involucran el tránsito de migrantes por México y la interacción de intereses del tráfico de personas y drogas, lo constituye el caso del coordinador del Grupo Beta Tenosique, José Angel Martínez Rodríguez, asesinado en noviembre de 1999 al revelar información sobre actores involucrados en estas actividades. A la fecha las autoridades no han resuelto el caso.

En este ambiente los migrantes viven diversas violaciones, como robo, extorsión, abuso verbal y físico. Las mujeres se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad, sobre todo a la violencia sexual. Aparte de las citadas violaciones, los migrantes en México sufren también de una falta de acceso al debido proceso en procedimientos de intercepcion y detención. En la práctica es común que las autoridades soliciten documentos sin explicar el motivo, ya que la raza, vestimenta, e incluso el olor, son razones suficientes para generar sospecha de que la persona se encuentra indocumentada. En algunos casos, las autoridades injustificadamente decomisan los documentos de los migrantes.

Lo mismo sucede respecto a la información que debe dárseles con motivo de su detención. De 25 migrantes entrevistados en la estación migratoria en la Ciudad de México en octubre de 2000, ninguno recibió, al momento del aseguramiento, una explicación sobre el motivo de la misma. La falta de debido proceso en la práctica se aplica también en la deportación, ya que es un procedimiento administrativo que no prevé el derecho a audiencia ante autoridad jurisdiccional. El Artículo 33 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece la facultad discrecional exclusiva del Ejecutivo de la Unión de hacer abandonar el territorio nacional, inmediatamente y sin necesidad de juicio previo, a todo extranjero cuya permanencia juzgue indeseable.

En este ambiente, los migrantes se acogen por necesidad a la ayuda de la población y los albergues que existen en la frontera sur, y en los estados de Oaxaca y Veracruz, y a lo largo de la frontera norte, donde toman aire para continuar su camino.