Por medio de un comunicado, la Corte Constitucional de Colombia indicó que no ordenó el retiro de dos bases militares ubicadas en territorios indígenas de los departamentos de Guaviare y Meta, como habían informado antes medios locales.
El ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, dijo entonces que el gobierno respetaría y acataría la decisión, aunque también indicó en ese momento que estudiaría la posibilidad de nuevas acciones legales para evitar la salida de los soldados de las bases.
Sin embargo, en el comunicado, la Corte aclara que lo que ordenó fue la devolución de seis hectáreas de territorio colectivo indígena en el departamento de Guaviare, ocupadas por la Escuela de Fuerzas Especiales e Infantería de Marina.
En esas seis hectáreas hay 19 construcciones, como pistas de comandos y una torre de observación. El comunicado de la Corte asegura que el ministerio de Defensa puede seguir ocupando 250 hectáreas que le fueron asignadas en la zona por otras entidades del Estado, sin poner en riesgo a las comunidades indígenas.
La corte aclaró que "la seguridad nacional no se verá comprometida con la reubicación de ninguna de estas construcciones, pero su permanencia sí compromete la existencia misma del pueblo indígena Jiw".
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