Los más de US$1,8 millones en efectivo -que fueron confiscadas el 27 de enero por la Policía Federal mexicana en un avión del gobierno de Veracruz- son legales, según informó el contralor general del estado, Iván López.
En conferencia de prensa, las autoridades locales aseguraron que se determinó "la legalidad plena del origen de los recursos en litigio".
Se confirmó que el dinero provenía de la cuenta del gobierno de Veracruz y que estaba destinado para la nómina estatal y para el pago de algunos proveedores.
Además, dijo que tras demostrar el origen y destino del dinero en efectivo, espera que le sea devuelto a las arcas estatales.















