¿Puede Obama acabar con el “default” de Argentina?

  • 9 agosto 2014
Fernández y Obama

¿Tiene el presidente estadounidense Barack Obama en sus manos la solución simple a la disputa judicial entre Argentina y los que el gobierno de ese país llama los "fondos buitres"?

En un acto transmitido en cadena nacional obligatoria el jueves, la presidenta de Argentina, Cristina Fernández, dijo que Obama tiene a su disposición una facultad constitucional que le permite impedir que un juez interfiera en las relaciones con otro país, competencia exclusiva de la Casa Blanca.

Así, la mandataria, que tomó su argumento de un artículo de opinión publicado por el diario británico The Guardian, contó que esa facultad se llama "cláusula de separación de poderes".

El artículo, una entrada en el blog de economía del diario firmada por Greg Palast, habla de la posibilidad de que Obama impida que el juez de Nueva York Thomas Griesa siga bloqueando el pago a tenedores de deuda pública sin incluir también a los tenedores de fondos que no accedieron a las rebajas propuestas por Buenos Aires.

Sin embargo, expertos legales consultados por BBC Mundo dudan seriamente de la facultad constitucional que pudiese tener Obama, invocando el privilegio de la rama ejecutiva, para forzar una resolución del pleito favorable a Argentina.

Sin canje

Fernández y su gabinete se han mostrado muy críticos con el juez Griesa, quien falló a favor de los fondos de inversión que llevaron a Argentina a la justicia después de la cesación de pagos de 2001.

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Esos fondos no aceptaron los canjes ofrecidos por el gobierno argentino en 2005 y 2010, y según la sentencia de Griesa, firme desde que la Corte Suprema rechazara un recurso del gobierno de Fernández, deben recibir US$1.500 millones más intereses.

Según un artículo de opinión publicado en The Guardian, Obama puede parar al juez Griesa.

Para forzar el pago, Griesa bloqueó los fondos que Argentina depositó en el Bank of New York Mellon para pagar el pasado 30 de junio a los tenedores de bonos que sí aceptaron la restructuración.

Pero la propia presidenta Fernández, abogada de profesión, argumenta que "no existe la figura jurídica de retener". "O se embarga o se distribuyen los fondos".

¿Y la Casa Blanca?

El gobierno argentino decidió abrir una disputa contra Estados Unidos ante la Corte Internacional de Justicia en La Haya por haber "violado la soberanía e inmunidad" del país "como resultado de decisiones judiciales".

Y ahora Argentina, parece, se encuentra con otra alternativa, desconocida hasta ahora en Buenos Aires: tocar la puerta de la Casa Blanca. "La verdad, que me impresionó, yo no conocía esto", dijo Fernández.

Según el comentario editorial publicado en The Guardian, "Obama podría impedir que el multimillonario de los fondos buitre Paul Singer obtuviera ni un solo céntimo de Argentina invocando la antigua autoridad garantizada a los presidentes por la cláusula de 'separación de poderes' de la Constitución".

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"Obama sólo necesita informar al juez federal Thomas Griesa que la demanda de Singer interfiere con la autoridad presidencial exclusiva de dirigir la política internacional. Caso cerrado", asegura Palast.

La presidenta se mostró sorprendida por la supuesta potestad de Obama de parar el juicio.

El también autor del documental de la BBC "Las fortunas de la familia Bush" y del libro "La mejor democracia que el dinero puede comprar" asegura que eso mismo hizo el expresidente George W. Bush en el caso del propio Singer contra la República del Congo.

"Pese al hecho de que el jefe del fondo es uno de los más grandes e influyentes donantes del Partido Republicano", agrega.

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¿Seguro?

Sin embargo, expertos estadounidenses en derecho internacional consultados por BBC Mundo consideran que el Ejecutivo no puede hacer eso que la presidenta argentina alega.

"El presidente no tiene ese poder", le dijo a BBC Mundo Carlos González, abogado estadounidense experto en litigios internacionales de la firma Diaz Reus Rolff & Targ.

El juez Griesa ordenó retener fondos de Argentina.

Según González, en EE.UU. "existe una división entre las tres ramas de gobierno, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, una rama no tiene poder sobre la otra".

"Por ejemplo, si un juez falla a favor de una parte, el presidente no tiene el poder de ordenar a ese juez cambiar su decisión".

Otros abogados consultados, que prefirieron no ser citados, agregan incluso que la cuestión ya fue resuelta por la Corte Suprema el pasado 16 de junio al rechazar los argumentos de que la ley prohíbe a los tribunales federales ordenar el descubrimiento de pruebas contra una nación soberana como argumentaron los gobiernos de Argentina y Estados Unidos

Al resolver la petición de "Argentina y EE.UU. de considerar las preocupantes consecuencias para las relaciones internacionales" de no enmendar las decisiones del juez Griesa, la Corte Suprema expresó que "esos temores sería mejor que fueran dirigidos a la autoridad competente para enmendar la ley, que casualmente es la misma que forzó el retiro del negocio de la inmunidad como factor de equilibrio".

Sin garantía

Menos contundente es la opinión de William Kirtley, abogado del bufete especializado en litigios internacionales Dugué & Kirtley AARPI, que señala que existen dos escuelas respecto a la doctrina de separación de poderes en política internacional, la que piensa que existe primacía del Ejecutivó y la que no.

"En ocasiones, los tribunales han seguido los deseos de los gobiernos para materia que afecta a política internacional", le dijo Kirtley a BBC Mundo. "En otros casos, los jueces han desechado las peticiones del Ejecutivo basadas enteramente en la cuestión de la política diplomática".

Kirtley considera que respecto a Argentina, "Obama podría pedirle al juez Griesa que parara el caso, y hay quien apoya que esa petición debería ser atendida por tratarse de una materia que afecta a la política exterior".

"Pero no hay una regla clara que indique que el juez Griesa estuviera obligado a aceptar una orden del presidente, sin embargo".

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