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Alarma y repudio en Colombia por ataques con ácido

Última actualización: Viernes, 4 de abril de 2014
Nubia Espitia con una foto de cómo lucía antes del ataque

Nubia Espitia fue atacada en 2012 por un "vecino envidioso", pero nunca lo pudo probar.

El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, reaccionó con indignación ante los ataques con ácido perpetrados en días recientes contra dos mujeres en la capital, Bogotá.

Santos ordenó a la policía a que actúe con contundencia contra los agresores y ofreció una recompensa de unos US$40.000 por información que conduzca a la identificación y captura de los responsables y este viernes, uno de los dos supuestos atacantes fue detenido.

Varias figuras públicas y columnistas se unieron al coro de denuncias contra este tipo de crimen que ha ido en ascenso en los últimos años. Según los datos de Medicina Legal, la cifra de víctimas ya ronda en las 1.000.

Aunque en Colombia la violencia contra la mujer es un problema cotidiano, los ataques con ácido no solamente ocurren contra éstas; una buena proporción de víctimas han sido hombres, según la misma fuente de Medicina Legal.

El gobierno de Santos ha buscado implementar una nueva legislación para endurecer los castigos, controlar la venta al público de los químicos y asistir a las víctimas pero, hace solo unos meses, dejó vencer el plazo legal que tenía para reglamentar la ley.

Ataques recientes

Desde hace unos años, los ataques con ácido contra mujeres se han vuelto comunes en Colombia. Sin embargo, las autoridades se pusieron en alerta y la opinión pública se desbordó cuando ocurrieron dos casos es espacio de días.

Natalia Ponce de León resultó quemada por el químico que le lanzaron al salir de un edificio en Bogotá, a finales de marzo. La profesional de 33 años quedó con quemaduras en más del 30% del cuerpo.

Frustración de las víctimas

Arturo Wallace, BBC Mundo, Bogotá

Algo particularmente frustrante para las víctimas de los ataques con ácido es que el país sólo parece tomar conciencia de la gravedad de la situación cada vez que se producen casos de alto perfil, los que por lo general son rápidamente desplazados de la agenda por nuevos escándalos.

A inicios de 2012, el regreso del tema a las primeras páginas de los diarios y los noticieros de radio y televisión, luego de varios ataques, impulsó la discusión y posterior aprobación de un viejo proyecto de ley para ampliar las penas en contra de los agresores y evitar que pudieran beneficiarse de la modalidad de casa por cárcel.

Sin embargo, hay un elemento en el caso de Ponce de León que podría terminar haciéndolo un símbolo particularmente poderoso en la lucha contra los ataques con ácido.

Al haberse producido en un barrio elegante del norte de la capital, y no en los barrios populares del sur, como generalmente pasa, la agresión en contra de Natalia ha logrado tocar a sectores que antes veían este tipo de ataques como algo sin duda condenable, pero también muy lejano.

Aunque la ley fue finalmente sancionada por el presidente de la República en julio del año pasado, a la fecha la misma todavía no ha sido reglamentada.

Su abogado dice tener serios indicios de que el agresor podría ser alguien conocido de la víctima -un patrón que se repite con esta modalidad de crimen. Este viernes, el supuesto atacante, un hombre de 32 años, fue capturado, según informó el presidente Santos en su cuenta de Twitter.

Unos días después del ataque a Ponce de León, el 2 de abril, la víctima del otro incidente fue Sorleny Pulgarín, de 23 años, que fue atacada con ácido en un barrio de Engativá, en el sur de Bogotá.

Esta vez, el ataque vino de una vecina con la que mantenía un pleito constante. La mujer ya fue arrestada.

Durante una Junta de Seguridad Ciudadana en Cali, el presidente Santos repudió los actos de violencia contra las mujeres y ofreció una recompensa: "75 millones de pesos (unos US$40.000) para cualquier persona que nos dé información sobre responsables de este tipo de crímenes y quién está detrás de esta modalidad".

El problema en Colombia es que esa modalidad de crimen es considerado de tipo personal, como agredir a alguien a golpes, y las penas contempladas son pocos severas comparadas a los daños físicos y emocionales que dejan los ataques.

El exministro de Ambiente, Juan Gabriel Uribe, reaccionó airadamente en un debate por la emisora Caracol, diciendo que los agresores deberían pagar con la misma moneda.

"El que agrede así a otro, acaba con una persona y con una familia. A ese señor hay que reventarlo con ácido", expresó durante la trasmisión.

Dejando el ánimo acalorado de lado, varias columnas de opinión coincidieron en que había que, por lo menos, modificar la ley para aplicar castigos más consecuentes.

"Deben recibir las penas más severas... penas que también deberían recaer sobre los encargados de aplicar las sanciones y hacer justicia, cuando incumplen con su deber y dejan el crimen y el criminal en la impunidad", escribió Enrique Santos Molano en la sección de opinión del diario El Tiempo.

El editorial de otro diario, El Espectador, declaró que "es inconcebible que... una práctica tan bárbara como esa, tan impactante, siga ocurriendo en nuestra sociedad. En nuestra capital, a plena luz del día, como si todavía viviéramos en la Edad Media".

Legislación estancada

El gobierno de Juan Manuel Santos ha tomado ciertos pasos para lidiar con el problema.

Viviana Hérnandez, víctima de su marido

El crimen deja profundas secuelas físicas y emocionales.

En primer lugar creó una línea telefónica de emergencia donde cualquier persona puede hacer su denuncia anónimamente y recibir asistencia.

También existen sobre la mesa varias legislaciones para endurecer las penas, así como el control de la comercialización de ácidos y sustancias derivadas, y la puesta en marcha de un plan integral de atención de víctimas.

Santos había sancionado la ley y tenía plazo hasta el pasado enero para reglamentarla, pero dejó pasar la fecha. Ahora el gobierno está trabajando retroactivamente para destrabar esa situación.

Entretanto, el fenómeno de ataques con ácido continúa su ritmo alarmante.

Uno de los casos más sonados sucedió en 2007. Desde entonces se ha acelerado a un promedio de más de 60 anuales y, según los registros de Medicina Legal, en los últimos diez años ya se han dado más de 1.000.

La institución indica que, mientras las mujeres están en una situación vulnerable frente a sus agresores, las víctimas masculinas son casi la mitad de los casos reportados.

Grupos activistas por los derechos de la mujer sostienen que son muchos más los ataques que no son reportados.

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