Argentina discute un polémico plan de reforma judicial

  • 24 abril 2013
Congreso de Argentina
Todas las miradas están puestas en el Congreso, que debate la polémica reforma judicial.

Para el gobierno es una "democratización" del único poder del Estado que no es elegido por el pueblo y que actualmente está bajo la influencia de "corporaciones económicas". Pero para los críticos, la reforma judicial que hoy analiza la Cámara de Diputados de Argentina es una violación a la independencia de la Justicia y una forma de autoritarismo.

Se trata del cambio más profundo del Poder Judicial de las últimas décadas: si el proyecto oficialista se convierte en ley, como ocurriría en las próximas semanas, de ahí en más quien gane las elecciones presidenciales probablemente también controlará el órgano que define la elección y destitución de jueces.

El gobierno de Cristina Fernández de Kirchner propuso que los jueces, abogados y académicos que integran este órgano -el Consejo de la Magistratura- sean designados ya no por sus pares, como ocurre ahora, sino por el electorado en comicios generales.

Así, Argentina será el único país de la región en donde el organismo que nombra a los jueces será elegido por voto popular. Sin embargo, no será el único del continente en donde la población juega una parte importante en la elección de jueces (ver recuadro).

El proyecto oficialista amplía la cantidad de miembros del Consejo de 13 a 19, sumando a cinco académicos y a un abogado. De esta forma la presidenta Fernández revirtió una reforma que ella misma había impulsado como senadora en 2006 cuando redujo la composición de 20 a 13 consejeros.

Simple mayoría

Quizás el cambio más controvertido de la propuesta es el que simplifica el proceso para nombrar y remover jueces. Mientras que antes se necesitaba una mayoría de dos tercios de los consejeros ahora la mitad más uno de los integrantes del cuerpo podrá seleccionar o destituir a un magistrado.

La mandataria argentina dijo que esta reforma era necesaria para que la Justicia "garantice los derechos de todos y no sólo de los que tienen capacidad de lobby".

Protesta
Una encuesta del diario digital Infobae, en la que participaron más 30.000 lectores, mostró que el 86% no está de acuerdo con la reforma.

Pero la oposición en su conjunto y otros actores de la sociedad civil, incluyendo a la Iglesia, decenas de organismos no gubernamentales (ONGs) y representantes de los abogados y jueces, denunciaron que el gobierno busca controlar al Poder Judicial.

"Quieren domesticar y no democratizar la Justicia", sintetizó el diputado Alfonso Prat-Gay de la Coalición Cívica.

Cientos de miles de argentinos críticos del gobierno protestaron en las calles el jueves pasado y entre sus consignas principales expresaron su rechazo a la reforma judicial.

La oposición también montó una carpa de protesta frente al Congreso e invitó a la población a movilizarse contra la reforma.

También hay quienes apoyan la medida por considerar que muchos jueces en la actualidad defienden al poder económico, algo que –sostienen- puede verse con claridad en varios fallos recientes que perjudicaron al Estado.

El caso Clarín

El caso que está en el centro de la polémica y que generó mucha tensión entre el Poder Ejecutivo y el Judicial es el del Grupo Clarín, el principal multimedios del país, que está enfrentado con el gobierno.

La semana última Clarín obtuvo un nuevo fallo favorable en su batalla judicial para evitar tener que adecuarse a la Ley de Medios, una legislación antimonopólica aprobada por el oficialismo en 2009 que lo obligaría a desprenderse de algunas de sus empresas.

El mismo tribunal que falló a favor del multimedios ya lo había favorecido en diciembre pasado cuando extendió una medida cautelar que protege al Grupo y que lo exime de tener que adecuarse a la nueva ley hasta que se defina su constitucionalidad.

En enero pasado otra medida cautelar perjudicó al gobierno, frenando la expropiación de la principal sede de la Sociedad Rural Argentina (SRA) –uno de los principales referentes del campo-, que había sido ordenada por un decreto de la presidenta.

Por este motivo, el Poder Ejecutivo decidió incluir entre las reformas propuestas una modificación sustancial del uso de las medidas cautelares contra el Estado: ahora podrán durar un máximo de seis meses, prorrogables por otros seis. Y no se podrá dictar cautelares sobre los bienes del Estado.

Pero incluso organismos afines al gobierno criticaron con dureza estos cambios.

El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), presidido por el periodista Horacio Verbitsky, se opuso a estos límites, afirmando que dejarían al demandante en una posición indefensa ante alguna arbitrariedad del Estado.

Sin embargo también hay cambios que son mayoritariamente bienvenidos, como el ingreso por examen o sorteo al Poder Judicial –salvo algunas excepciones-, la publicación en internet de las declaraciones juradas de bienes de los jueces y la creación de un registro de causas judiciales en trámite.

¿Democrático o autoritario?

"Queremos democratizar un poder que desde su nacimiento tiene un profundo déficit democrático", explicó el ministro de Justicia, Julio Alak, al defender su propuesta en el Congreso.

El funcionario negó que la reforma sea un intento por parte del partido gobernante (el kirchnerismo) de concentrar el poder, afirmando que en el futuro serán otras fuerzas políticas las que tendrán la mayoría electoral y por ende el control del Consejo de la Magistratura.

"Estamos convencidos de que es mejor que los jueces sean votados por fuerzas políticas populares y no que los elijan los representantes de las corporaciones", señaló, en referencia a las asociaciones de jueces y abogados que en la actualidad votan a sus pares para conformar el Consejo de la Magistratura.

"El poder judicial no es de los jueces y de los abogados, es del pueblo, como los otros poderes", completó.

El premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel considera "saludables" los planes del gobierno.

"Creemos que es una decisión correcta del gobierno y hay que tratar de ver que se lleve adelante lo mejor posible", afirmó.

Preocupación

Presidenta Cristina Fernández de Kirchner
Esta reforma se produce en el conexto de un enfrentamiento judicial entre el gobierno y el Grupo Clarín.

Sin embargo la mayoría de las organizaciones consultadas por BBC Mundo se mostraron críticas.

"Los proyectos presentados contienen elementos preocupantes", expresó el Consejo Directivo de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA), en una declaración enviada a este medio.

"(La limitación de las medidas cautelares) perjudica a los ciudadanos cuyos derechos han sido violados por el Estado, al establecer un plazo máximo de seis meses (prorrogable por otros seis) cuando los procedimientos judiciales duran en general varios años", detalló.

La organización internacional Human Rights Watch (HRW) se mostró muy crítico con el proyecto gubernamental.

"Los cambios al Consejo de la Magistratura y a las medidas cautelares dañan gravemente la independencia del Poder Judicial", dijo a BBC Mundo José Miguel Vivanco, director para las Américas de HRW.

Algunos detractores advierten que más allá de las reformas el gobierno ya tiene una fuerte influencia sobre la Justicia: un 55% de los jueces nacionales y federales fueron nombrados por el kirchnerismo desde que llegó al poder en 2003.

En tanto, muchos analistas anticipan que una vez que se convierta en ley la reforma será impugnada ante la Justicia, por lo que es improbable que se elija consejeros en las próximas elecciones legislativas de octubre.

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