Qué es la "muerte civil" de los corruptos que propone Humala

Humala pidió la "muerte civil" de los corruptos.

En Perú, la lucha contra la corrupción es sin duda uno de los principales desafíos que enfrenta el gobierno.

En una reciente encuesta, elaborada por la empresa de investigación Ipsos Apoyo, los peruanos opinaron que el problema es más serio que el desempleo, siendo únicamente superado por la inseguridad ciudadana.

Además, gran parte de la ciudadanía percibió que las instituciones públicas, como el poder judicial, la policía y el congreso, están entre la más corruptas en el país.

Es esta una razón por la cual el presidente peruano, Ollanta Humala, reafirmó la semana pasada que combatir este flagelo es una de sus prioridades.

En su mensaje a la nación, anunció medidas para no solo acabar, si no también prevenir que la corrupción se repita, aplicando lo que llamó la 'muerte civil' a los sentenciados por corrupción que no cumplan con sus condenas al pago de una reparación civil.

"Hemos presentado un proyecto de ley que esperamos pueda ser aprobado pronto por el Congreso", dijo Humala, "para que ningún corrupto vuelva a infiltrarse en el estado o postule a un cargo público."

Deudas

Los corruptos en Perú deben más de mil millones de soles (US$380 millones) al estado, de los cuales se han recuperado solo 10 millones, es decir, el 1%.

El mayor deudor es el ex jefe de inteligencia del gobierno de Alberto Fujimori (1990-2000), Vladimiro Montesinos, quien fue condenado por corrupción, entre otros delitos, y debe casi US$152 millones.

Una 'muerte civil' para deudores como él propondría que, mientras que las deudas siguen vigentes, no puedan ejercer un cargo público, acceder a actividades comerciales o financieras, solicitar préstamos en el banco, crear empresas, y hasta tener una tarjeta de crédito.

Montesinos debe casi US$152 millones al estado peruano.

"Históricamente se ha percibido la función publica con un enfoque patrimonialista", dice a BBC Mundo el procurador anticorrupcion de la república, Julio Arbizu, para quien la 'muerte civil' ayudaría a acabar con esta visión.

"La corrupción resta muchísimo dinero que podría ser utilizado obviamente en mejorar algunos servicios que presta el estado, luchar contra la pobreza, hacer obras sociales, mejorar los sueldos para policía y maestros", indica el abogado especializado en derecho penal.

"El castigo no es solamente la prisión. Debe haber la indemnización por el daño causado", concluye Arbizu

Riesgo para el dinero

Sin embargo, el estado peruano podría estar poniendo en riesgo la recuperación de ese dinero, según dice Ivan Montoya, ex jefe de la Unidad de Extradiciones de la Procuraduría Ad Hoc, que lideró la repatriación de Alberto Fujimori de Chile por violaciones a derechos humanos y corrupción.

"Este tipo de medidas absolutas hay que implementarlas y pensarlas para casos más graves – como ministros, viceministros, congresistas – cuando los condenados han demostrado la ausencia de voluntad de pagar", dice a BBC Mundo.

Montoya piensa que la medida tendría que tener en cuenta las posibilidades económicas de los deudores, haciendo una distinción entre los delitos cometidos por alguien como Montesinos, por ejemplo, quien tiene cuentas bancarias en el extranjero, y los de un policía condenado por sobornar quien se encuentra sin empleo, ya que cortando el acceso al crédito pordria perjudicar el cumplimiento de las reparaciones civiles.

Sin embargo, más allá de si las propuestas del presidente peruano puedan funcionar, el abogado cree que tendrán "muchos escollos en el Congreso, porque muchos congresistas seguramente mirarán a eventuales contingencias en el futuro."

Él reconoce que será difícil lograr un consenso político para cualquier tipo de reforma al código penal que busque acabar con la corrupción en Perú.