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El gobierno británico quiere más poder sobre internet

Reina Isabel II

Se espera que la Reina de Inglaterra anuncie la nueva ley en su discurso de mayo.

Tras el por ahora fallido intento de aprobar la ley SOPA en Estados Unidos y la ley ALTA a nivel internacional, Reino Unido se suma ahora a la lista de países que quieren leyes que permitan a las autoridades intervenir en internet sin necesidad de tener el visto bueno de un juez.

Al menos eso es lo que alertan las organizaciones en defensa de los derechos civiles en Reino Unido que pusieron el grito en el cielo al enterarse, a través de una filtración del diario The Sunday Times, de que su gobierno pretende aprobar una normativa de este tipo "tan pronto como la agenda parlamentaria lo permita".

Con la nueva ley, los proveedores de internet tendrán que abrir sus puertas a agencias de inteligencia como GCHQ para que accedan, a tiempo real, a los datos que ahí circulan, lo que incluye correos electrónicos o información en redes sociales como Facebook y Twitter.

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La iniciativa, que se espera sea anunciada por la propia Reina Isabel II de Inglaterra en su discurso de mayo (el único que no escribe ella misma sino que se gesta en las entrañas de Downing Street), ha dividido a la misma ala conservadora del gobierno.

"Es una innecesaria extensión de la habilidad del estado para fisgonear en la vida de la gente", dijo el Tory David Davis a la prensa.

No obstante, desde el gobierno se considera un paso "clave" para lidiar con la criminalidad y el terrorismo.

Lo paradójico es que fueron los conservadores los que junto a los liberales echaron atrás una iniciativa similar presentada por los laboristas tras el atentados del 11-S en Nueva York y del 7-J en Londres.

En aquella ocasión el gobierno de Tony Blair quiso crear una base de datos central con todos los datos sobre uso de internet y llamadas telefónicas. Sin embargo, vista la oposición, todo se redujo al compromiso de los proveedores de internet de conservar los detalles de acceso, correo electrónico y llamadas telefónicas por un periodo de un año.

Los datos que se registran incluyen nombre de emisor, receptor, hora de comunicación y ubicación geográfica, pero no el contenido de las misivas. La policía puede acceder a estos datos tras pasar por la burocracia judicial.

La nueva ley

Protestas Ley Sopa

A principios de año Estados Unidos también trató de aprobar una ley que permitiría el cierre de páginas en internet sin necesidad de orden judicial.

Llegados a este punto lo que preocupa sobre esta nueva ley es que se desconoce qué es lo que está proponiendo entonces el gobierno británico, si una actualización de la actual normativa a una extensión considerable de poderes.

Lo que se ha dicho es que con tal legislación los proveedores de internet tendrán que instalar un sistema para que la agencia de control de comunicaciones electrónicas del gobierno GCHQ tenga un pleno acceso sin necesidad de burocracia.

Downing Street insistió en que los nuevos poderes otorgados por la ley no incluirán el acceso a los contenidos de las comunicaciones. Aún sí los activistas no están tan convencidos.

Uno de los problemas que ven, es que semejante sistema podría dar lugar a filtraciones que podrían poner en riesgo la privacidad de los usuarios.

"Casi sin excepción, los sistemas informáticos del gobierno no funcionan bien y siempre gastan de más. Incluso si el esquema no violara nuestro derecho a la privacidad, no podemos permitirnos otro elefante blanco en esta crisis financiera", dijeron a BBC Mundo en un comunicado portavoces del Partido Pirata en Reino Unido.

Clave para resolver crímenes

Pero portavoces del gobierno alegan que los detalles sobre llamadas telefónicas son importantes ya que se usan en el 95% de las investigaciones en casos de crímenes serios y terrorismo.

El ministro de prevención del crimen James Brokenshire dijo a la BBC que el plan no es sólo un "gran ejercicio de fisgoneo del gobierno", sino un cambio para permitir a la policía el "continuar resolviendo crímenes".

El gobierno informó que la ley se aprobará "tan pronto como la agenda parlamentaria lo permita", mientras que el viceprimer ministro Nick Clegg trató de tranquilizar al público mostrándose "totalmente opuesto a la idea de que los gobiernos lean los correos electrónicos de la gente a voluntad o creen una base de datos central estatal".

"Todo lo que estamos haciendo es actualizar las normas que estamos aplicando a las llamadas de teléfonos móviles para permitir a la policía y servicios de seguridad el perseguir a terroristas y a serios criminales, actualizando esto a tecnologías como Skype que la gente usa cada vez más".

Ataque a la privacidad

"David Davis "

David Davis, miembro del partido conservador

Pero para el Partido Pirata las palabras de Clegg tienen poco sentido teniendo en cuenta que la gente que tiene algo que esconder puede evitar la vigilancia fácilmente con sistemas de privacidad como Tor" (el que usan los iraníes o los chinos par escapar de la censura), por lo que será el ciudadano honesto el que no sólo tendrá que financiar el coste del nuevo sistema sino que tendrá que enfrentar la "absoluta certeza de filtraciones".

El conservador David Davis alertó asimismo que supondrá una "gran ampliación de poderes", que podría causar "mucho resentimiento".

Hasta el momento todo aquel que deseara controlar sistemas de comunicación tenía que obtener el permiso de un juez, dijo a BBC, y esta nueva ley facilitaría al gobierno la tarea de "escuchar a escondidas a una gran cantidad de gente".

"Lo que se está proponiendo no se centra en terroristas o criminales, se trata de los correos electrónicos de todo el mundo, llamadas telefónicas, acceso a internet. Todo eso deberá registrarse durante dos años y el gobierno podrá acceder a ello sin pedir permiso a nadie".

Davis compara la iniciativa con medidas introducidas por el gobierno laborista, tales como la extensión de la cantidad del tiempo de detención permitida sin cargos o los nuevos acuerdos de extradición pactados con Estados Unidos, que en su día se justificaron por motivos de seguridad pero que "han demostrado ser dañinos".

"Mismo sistema que China e Irán"

Nick Pickles, director de campaña del grupo Big Brother Watch, calificó la iniciativa de "un paso sin precedentes que verá a Reino Unido adoptar el mismo tipo de supervisión visto en China e Irán".

"Este es un ataque absoluto a la privacidad en internet y no está claro si realmente mejorará la seguridad pública, añadiendo costes significativos a las empresas de internet", apuntó.

Por su parte, Asociación de Proveedores de Internet expresó que cualquier cambio en la ley deberá ser"proporcionado, respetuoso con la libertad de expresión y la libertad de los usuarios".

No obstante, si la Reina anuncia la nueva ley en su discurso, ésta igual tendrá que abrirse paso en el parlamento y enfrentar ahí oposición tanto en la Cámara de los Comunes como en la de los Lores.

"Salvar vidas"

David Davis

El conservador David Davis se opone a una norma que dice supone una "gran ampliación de poderes".

Cuando los laboristas trataron de hacer lo mismo, el conservador Chris Grayling dijo que el gobierno había "construido una cultura de vigilancia que va más allá de labores de contra-terrorismo y lucha contra el crimen".

Años después la cara de la moneda es otra pero, en lo que a internet respecta, parece mostrar la misma cara.

Lord Carlile, ex responsable de la revisión de legislaciones anti-terrorismo durante el gobierno laborista, dijo al respecto que la legislación no es nueva sino una "actualización de las actuales prácticas".

"El anterior gobierno trató de llevar a cabo pasos similares y fueron duramente criticados por los partidos de coalición", señaló.

"Pero un vez en el poder, los partidos de coalición se han dado cuenta de que este tipo de material tiene el potencial de salvar vidas, evitando crímenes y evitando que la gente se convierta en víctimas". "

"Hay mucha gente peligrosa ahí fuera", expresó por su parte Anthony Glees, director del centro de estudios de seguridad e inteligencia de la Universidad de Buckingham, quien añadió que la policía necesita legalmente "mantenerse al día con el flujo de información que hay en Facebook e internet".

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