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La ley antiterrorista que causa polémica en Argentina

Última actualización: Miércoles, 15 de febrero de 2012
Cristina Fernández

La nueva ley fue aprobada por el oficialismo a finales de 2011.

Este miércoles, agrupaciones sindicales, sociales y defensoras de los derechos humanos en Argentina realizan una movilización hacia el Congreso para exigir la derogación de una polémica norma conocida como la "ley antiterrorista".

Dicha legislación fue aprobada por el oficialismo en los últimos días de 2011 y desde entonces ha suscitado numerosas críticas por parte de organismos y personas que advierten que la ley podría utilizarse para "criminalizar la protesta social".

Algunos medios de prensa críticos del gobierno también expresaron su preocupación de que la norma se utilice para perseguirlos.

Lo llamativo de las protestas es que no sólo provienen del arco opositor: muchos férreos aliados de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner también critican la normativa y piden que sea derogada.

La ley cuestionada incorpora al Código Penal dos nuevos artículos que aumentan las penas de todos los delitos que se cometan "con la finalidad de aterrorizar a la población" o de "obligar a las autoridades públicas a realizar un acto o abstenerse de hacerlo".

La norma aclara que "las agravantes previstas en este artículo no se aplicarán cuando el o los hechos de que se traten tuvieran lugar en ocasión del ejercicio de derechos humanos y/o sociales o de cualquier otro derechos constitucional".

No obstante, muchos consideran que el texto de la normativa podría dar lugar a diversas interpretaciones.

"Como está escrito, abre la puerta a la penalización de la protesta social, porque la aplicación está dejada a la discrecionalidad de la justicia", alertó el senador de la opositora Unión Cívica Radical (UCR) Ernesto Sanz.

¿Controlar las protestas?

Congreso argentino

Los críticos con la ley aseguran que permitirá "criminalizar la protesta social".

Organizaciones que suelen apoyar al gobierno coincidieron sobre los "peligros" de esta legislación.

"Me parece que esta ley hay que revisarla un poquito más (...). Si hay un gobierno de facto, la van a aplicar como ellos quieren", dijo la titular de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, muy cercana al gobierno.

"Se habla de 'delitos destinados a aterrorizar a la población', lo cual es de una amplitud aterrorizante", expresó, por su parte, el periodista Horacio Verbitsky, presidente del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), organismo que llevó adelante numerosos juicios por crímenes de lesa humanidad cometidos durante el último régimen militar.

El sector disidente de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA), que organizó la marcha de este miércoles, advirtió que el gobierno podría ampararse en esta ley para hacer frente a las demandas sociales por aumentos de salarios.

En estos días, varios gremios negocian con las empresas un incremento de sueldos para adecuar los ingresos de los trabajadores a los índices de inflación, estimados en cerca del 25%.

"El gobierno necesita tener legalizada la represión, que los sindicatos se callen la boca y que aquellos que quieren salir a pelear sepan que si lo hacen los meten presos", acusó Pablo Micheli, secretario general de la CTA.

Este sindicato no es el único enfrentado con el gobierno. En los últimos meses se amplió la brecha entre la presidenta y Hugo Moyano, el líder de la principal central sindical de Argentina, la Confederación General del Trabajo (CGT).

Los gremios no sólo expresan su preocupación por la presión que pueda ejercer el gobierno ante las llamadas "paritarias", También advierten que las autoridades podrían tratar de disuadir protestas por los aumentos tarifarios, tras el anuncio oficial de que se empezarán a clic eliminar millonarios subsidios a la energía y al transporte.

En tanto, diversos grupos que se manifiestan contra la clic explotación minera a cielo abierto en provincias como La Rioja y Catamarca, denunciaron que la ley es utilizada como pretexto para detenerlos.

El periodismo, preocupado

"Está precisamente explicitado en la ley que no se comprende a los derechos humanos, sociales y al resto de los derechos constitucionales, como el derecho a la información y muchos menos vinculado a la protesta social"

Florencio Randazzo, ministro del Interior

También los medios de comunicación expresaron su temor de que la "ley antiterrotista" dé pie a interpretaciones abusivas.

Uno de los delitos que contempla la norma es "alterar las cotizaciones de los mercados con la intención de desestabilizar la economía".

El jefe de la Unidad de Información Financiera (UIF), José Sbattella –un funcionario que depende del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos- afirmó en una entrevista que la ley podría usarse para castigar a los medios que difundan información que provoque una corrida bancaria.

Sbattella fue rápidamente desautorizado por varios ministros del gobierno, pero sus palabras causaron honda preocupación, en especial en el contexto de la "clic guerra" que mantienen las autoridades con el principal multimedios del país, el Grupo Clarín.

"A partir de la sanción de esta ley aberrante, el gobierno contará con un arma -no se la puede denominar de otra manera- para ampliar y extender sin límites su campaña de presión y persecución", acusó el diario La Nación, también enfrentado con la presidenta.

El gobierno se defiende

"El gobierno necesita tener legalizada la represión, que los sindicatos se callen la boca y que aquellos que quieren salir a pelear sepan que si lo hacen los meten presos"

Pablo Micheli, secretario general de la CTA

Voceros del gobierno negaron tajantemente que la "ley antiterrorista" pueda usarse para perseguir a opositores, manifestantes o a los medios.

"Está precisamente explicitado en la ley que no se comprende a los derechos humanos, sociales y al resto de los derechos constitucionales, como el derecho a la información y muchos menos vinculado a la protesta social", aseguró el ministro del Interior, Florencio Randazzo.

El funcionario consideró "un disparate" que la norma se aplique contra los medios de comunicación.

"Ninguna nota periodística puede ser considerada como una acción terrorista", ratificó Miguel Pichetto, el presidente del bloque de senadores del oficialista Frente para la Victoria.

Los funcionarios aclararon que la norma se sancionó para poner al país al día con los requisitos del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), un organismo intergubernamental que combate el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.

"Se trata de una norma fundamental para cumplir con los requisitos del GAFI y todas las interpretaciones que se hicieron en contra de ella carecen de sustento y de realismo político", aseguró Pichetto.

Los funcionarios recordaron que durante los nueve años de gobierno kirchnerista se permitió todo tipo de protesta social, incluyendo miles de "piquetes" –o cortes de rutas- que causaron clic grave caos en el tránsito, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires.

Sin embargo, los detractores de la medida temen que en Argentina pueda ocurrir algo similar a lo que pasa en la vecina Chile, donde la ley antiterrorista permite al Estado agravar las penas de clic activistas mapuches condenados por diversas protestas.

Contexto

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