Perú entierra a sus víctimas 20 años después

Última actualización: Lunes, 14 de noviembre de 2011
Christian Barrientos carga el cajón de su padre, junto con un familiar.

Christian Barrientos (izq.) carga el cajón de su padre, junto con un familiar.

Veinte años después del peor período de la guerra que enfrentó en Perú a las fuerzas de seguridad y la guerrilla maoísta, los casos no resueltos de personas "desaparecidas" en el conflicto todavía acechan al país.

¿"Desapariciones"? grita este domingo Maribel Barrientos con voz llorosa mientras marcha sosteniendo un ramo de rosas blancas y claveles rojos.

Junto a ella hay decenas de personas, que responden al unísono: "¡Nunca más!"

Barrientos camina lentamente por delante de los nueve féretros marrones que desfilaron en la plaza central de la ciudad de Santa.

En su interior se encuentran los restos de nueve campesinos que fueron secuestrados y asesinados por un escuadrón de la muerte - el Grupo Colina - en las primeras horas de la mañana del 2 de mayo de 1992, en el período más violento del sangriento conflicto interno de Perú.

Durante 19 años, los nueve hombres estuvieron entre las miles de personas que todavía se hallan en paradero desconocido.

Los asesinatos sistemáticos, las desapariciones forzadas y el terror fueron moneda corriente en la nación andina durante dos décadas, desde 1980 hasta 2000.

Maribel Barrientos

Maribel Barrientos pide justicia.

Sin embargo, en agosto de este año sus restos fueron desenterrados. Sólo los huesos y la ropa que llevaban cuando un grupo de hombres armados se los llevó en camionetas.

Los campesinos fueron enterrados este domingo en el cementerio de Santa, cerrando así un capítulo largo y doloroso para sus familiares, como Maribel Barrientos, quien perdió a dos hermanos durante ese fatídico día.

"Yo creo que esto sentará un precedente para todas las personas cuyos derechos han sido vulnerados y aquellos que han sido separados de sus seres queridos", dice.

"Es un triunfo para el pueblo, un triunfo para todos los que luchan por la justicia social".

En el funeral también está Jorge Noriega, cuyo hijo, Jesús Manfredo, fue secuestrado cuando tenía 39 años.

"Hoy habría cumplido 58 años", dice. "Ha sido muy doloroso ver a mi hijo, ver partes de su cuerpo mutilado desparramadas, como si fuera un enemigo del Estado. No queremos que esto vuelva a suceder".

Justicia tardía

La Comisión para la Verdad y la Reconciliación del Perú, establecida en 2001 para examinar los abusos cometidos durante esa etapa, estima que en el conflicto 69.000 personas murieron o desaparecieron.

Algunos de los principales culpables están en la cárcel. Alberto Fujimori, expresidente peruano, cumple una condena de 25 años de cárcel por abusos contra los derechos humanos y corrupción durante sus diez años de mandato (1990-2000).

Perdón

El gobierno del presidente Ollanta Humala les pidió perdón este domingo a los familiares de los nueve campesinos.

El jefe de su policía secreta, Vladimiro Montesinos, también está preso. A él estaba vinculado el escuadrón de la muerte Colina, que mató a los nueve campesinos.

Pero en Perú la justicia se mueve lentamente. Muchas de las víctimas siguen esperando saber qué pasó con sus seres queridos y quieren que el gobierno peruano acelere su programa de compensaciones.

Isabel Coral, quien está a cargo de la CMAN, la comisión de alto nivel que se ocupa de las reparaciones, admite que los resultados hasta ahora han sido desiguales.

"Podemos decir que no hay una sola persona que haya sido totalmente compensada", dice.

"Pero queremos fortalecer la democracia en Perú y ahora estamos planeando concluir este proceso de reparaciones en los próximos 10 años".

"El pago de esta deuda del pasado es fundamental para el gobierno".

En el registro nacional hasta el momento figuran un total de 60.000 beneficiarios, muy por debajo de los 3 millones de personas que se cree que han sido afectadas por el conflicto.

Los beneficiarios están recibiendo una compensación económica del gobierno. Las familias de las víctimas de Santa obtendrán, por ejemplo, una cantidad simbólica de 36.000 soles peruanos (US$13.300 dólares).

Cambio fundamental

El gobierno no quiere dar sólo una reparación económica. Dice que también quiere mejorar los servicios de salud y educación en las comunidades más afectadas por la violencia.

Maribel Barrientos alberga la esperanza de que otras familias también encuentren a sus familiares.

Sin embargo Gloria Cano, abogada que representa a algunas de las víctimas y que trabaja para Aprodeh, una organización peruana de defensa de los derechos humanos, dice que las reparaciones del gobierno no son suficientes.

Funeral en Santa

Los nueve hombres "desaparecidos" tuvieron por fin un funeral apropiado.

Ella cree que Perú necesita un profundo cambio estructural en los niveles más altos.

"Tenemos un sistema de justicia indiferente, un ministerio de defensa que no quiere dar información y jueces que no quieren creerles a las víctimas".

Para Cano, lo que sucedió en Santa es un claro ejemplo de que el sistema judicial no funciona.

"Mucha gente dijo que no era cierto que los hombres habían desaparecido y que se habían convertido en subversivos", agregó.

"Pero hace tres meses se encontraron sus cuerpos exactamente como su familia los habían descrito, con la ropa interior y los zapatos que llevaban cuando desaparecieron.

Las víctimas no tienen ninguna razón para mentir. Pero para los jueces, sin embargo, la palabra de un militar es más importante que la de las víctimas. Esto tiene que cambiar", dice.

De vuelta en el cementerio de Santa, los nombres de los nueve pobladores suenan uno por uno mientras sus respectivos ataúdes son colocados en su lugar de descanso final.

Cada tanto suenan rondas de aplausos espontáneos.

A sus familiares les llevó casi dos décadas poder darles una sepultura digna.

Mientras tanto, las familias de las demás víctimas desaparecidas esperan no tener que esperar otros veinte años para averiguar qué pasó con sus seres queridos.

Contexto

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