California se rebela contra un programa anti-inmigratorio

Última actualización: Miércoles, 27 de abril de 2011
Indocumentados

El Sec-Comm ha sido presentado como "un enfoque moderno para identificar y deportar a los criminales extranjeros".

California se levanta contra un programa de control migratorio federal: el estado sureño aprobó el martes una norma para limitar la difusión de registros de huellas dactilares, promovida desde el Servicio de Inmigración y Naturalización (ICE) de Estados Unidos.

Los legisladores californianos se opusieron mayoritariamente al controvertido Programa de Comunidades Seguras (Sec-Comm), que obliga a las autoridades locales a compartir sus bases de datos -que contienen información de los detenidos en prisiones de la jurisdicción- con organismos como el Buró Federal de Investigaciones (FBI).

Bajo instrucciones del Departamento de Seguridad Interior, las huellas únicas de cada recluso -incluso aquellos que no han sido llevados a juicio- se cotejan no sólo con los historiales criminales almacenados por el FBI, sino también con los archivos de inmigración.

Instaurado en 2008 y todavía en fase piloto, el plan ha sido presentado como "un enfoque moderno para identificar y deportar a los criminales extranjeros", que tiene como prioridad a aquellos que el gobierno considera "condenados seriamente peligrosos".

Sin embargo, desde su puesta en marcha ha sido rechazado por algunas administraciones locales y organizaciones no gubernamentales, que denuncian que ha servido para aumentar las detenciones de indocumentados que han cometido crímenes menores o que han sido arrestados pero contra los cuales nunca se han presentado cargos.

Acta de Confianza

La presión en California se ha hecho sentir porque varias ciudades se han opuesto abiertamente a la imposición del plan desde el ICE: desearían poder elegir si implementarlo o no.

La propuesta de ley para hacer optativo el Sec-Comm, conocida por el acrónimo Trust ("confianza", en inglés), fue presentada por el asambleísta demócrata Tom Ammiano y validada el martes por la mayoría de sus pares, pese a la oposición republicana.

"El programa de Comunidades Seguras ha estado minado en controversias desde el inicio y no hay fuerza legal para imponerlo a nivel local, buscando que las comunidades ejecuten normas migratorias que corresponden al gobierno federal. No estamos buscando proteger a delincuentes violentos, lo que queremos es que no sea un programa arbitrario", dijo a BBC Mundo Angela Chan, abogada del grupo parlamentario asiático en la asamblea, el Asian Law Caucus.

"El programa de Comunidades Seguras ha estado minado en controversias desde el inicio y no hay fuerza legal para imponerlo a nivel local"

Angela Chan, abogada del grupo parlamentario asiático en la asamblea, el Asian Law Caucus

Según Chan, 73% del total de 94.000 deportaciones que han sido posibles por el cruce de información que establece el Sec-Comm fueron casos de indocumentados que no contaban con antecedentes penales o que eran considerados delincuentes de baja peligrosidad.

Los activistas pro-inmigración argumentan que el programa puede tener "efecto búmeran": podría disuadir a muchos inmigrantes de reportar crímenes de otros y haría disminuir la confianza de los vecinos hacia la policía.

En la sesión de la asamblea californiana, se presentó un testimonio en este sentido: el de una mujer que había hecho una denuncia por violencia doméstica y actualmente enfrenta un proceso legal migratorio al constatarse que era indocumentada.

"No se apunta a los criminales más peligrosos, como dice el ICE que es la intención", reclama la representante del Asian Caucus.

En expansión

Huellas dactilares.

El Sec-Comm está en marcha en unas 1.200 ciudades.

El Sec-Comm está en marcha en unas 1.200 ciudades repartidas en 41 estados del territorio estadounidense.

Entre las jurisdicciones "rebeldes" de California se cuenta el condado de Santa Clara, que ha pedido ser excluido del programa, y las autoridades carcelarias de San Francisco, que acusan al ICE de haber iniciado operativos de controles cruzados en sus presidios sin previo permiso.

En otros estados, el rechazo se basa en cuestiones prácticas. La policía de Colorado, por caso, aduce que implementar los controles de huellas dactilares para todos los arrestados es simplemente muy costoso, porque requiere una inversión en tecnología que los condados más pequeños pueden afrontar.

Una de las medidas más criticadas del Sec-Comm es la instrucción de fichar a todos los detenidos, sin importar si han sido ya condenados por algún crimen o no, para enviar la información a los organismos federales. Si se comprueba que la persona está ilegalmente en el país, el ICE puede solicitar que permanezca detenida, para pasarla luego al régimen de custodia migratoria.

Ello ha disparado, según datos oficiales, el número de procesados por carecer de papeles.

Napolitano explica

Parte de los reclamos contra el Servicio de Inmigración se basan en que en un principio el programa había sido entendido como optativo para las jurisdicciones.

"Esencialmente un programa para compartir información entre socios"

Janet Napolitano, secretaria de Seguridad Interior

La secretaria de Seguridad Interior, Janet Napolitano, se defendió ante el supuesto malentendido sobre el que consideró "esencialmente un programa para compartir información entre socios".

"Toda esta cuestión de salirse o quedarse (en el plan Sec-Comm) ha sido un gran malentendido desde el principio… y hemos tratado de corregirlo", señaló la funcionaria al diario "The Chronicle" de San Francisco.

La decisión de los asambleístas de California, sin embargo, pone en duda las perspectivas de expansión del Sec-Comm, que la administración del presidente Barack Obama había planeado ampliar a nivel nacional para el año 2013.

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