Última actualización: Miércoles, 5 de enero de 2011

En Brasil muchos dudan que Rousseff investigue los abusos del pasado militar

Dilma Rousseff.

Dilma Rousseff fue detenida durante tres años y sufrió torturas a manos del régimen militar.

Se estima que más de 400 personas fueron desaparecidas en Brasil durante los 21 años de gobiernos militares que hubo entre 1964 y 1985. Sin embargo, en todo este tiempo ningún militar tuvo que hacerse responsable por los abusos, gracias a una amnistía aprobada por el gobierno de facto en 1979.

¿Cambiará la situación con la reciente llegada al poder de Dilma Rousseff, la ex guerrillera que fue detenida durante tres años y sufrió torturas a manos del régimen militar?

Esta semana, la nueva ministra de Derechos Humanos que asumió junto con Rousseff el pasado 1 de enero, anunció que impulsará en el Congreso la creación de una Comisión de la Verdad para esclarecer los crímenes de lesa humanidad cometidos durante el período militar.

"No se trata de una actitud de revancha", aseguró la titular del cargo, María do Rosario. "Estamos movidos por el entendimiento de que ninguna institución actual es contraria a la democracia. Las fuerzas armadas son parte de la consolidación democrática", agregó.

Según Do Rosario, la necesidad de investigar las violaciones cometidas entre 1964 y 1985 no sólo apunta a hacer justicia con el pueblo brasileño. También es una responsabilidad de Brasil ante el mundo.

En diciembre pasado, la Corte Interamericana de Derechos Humanos sentenció al Estado brasileño a declarar "sin efectos jurídicos" la Ley de Amnistía, tras hallar al país culpable por la desaparición forzada, entre 1972 y 1974, de más de 60 personas que pertenecían al brazo armado del Partido Comunista de Brasil.

Supremo a favor de la amnistía

El dictamen de la Corte Interamericana fue aplaudido por grupos de derechos humanos y por familiares de las víctimas, que instaron al país a revisar sus políticas.

El entonces ministro de Derechos Humanos de Lula, Paulo Vannuchi, celebró el veredicto y pidió que políticos, legisladores y jueces acaten la decisión.

El mensaje estaba apuntado especialmente al Supremo Tribunal Federal (STF), la máxima instancia judicial del país, que a fines de abril rechazó revisar el perdón de 1979.

clic Lea: Brasil mantiene su Ley de Amnistía

Vannuchi también dirigió sus palabras al Congreso, que desde mayo tiene trabado un proyecto de ley oficialista para crear una Comisión de la Verdad, en medio de objeciones por parte de las fuerzas armadas y de la Iglesia católica.

Lula no pudo

El ex presidente brasileño, Luiz Inacio Lula da Silva, y el ministro de Defensa, Nelson Jobim (dcha.)

Rousseff decidió mantener en su puesto al ministro de Defensa de Lula, Nelson Jobim, un fuerte detractor de la medida.

¿Podrá el nuevo gobierno lograr lo que Lula no pudo?

Para el analista político Marco Antonio Villa, de la Universidad de San Carlos, en Sao Paulo, es improbable.

"Si Lula, con su popularidad récord y su fuerte liderazgo, no consiguió que el Congreso apruebe la creación de una Comisión, menos lo podrá hacer Dilma", estimó.

El experto dijo a BBC Mundo que la iniciativa apunta a "satisfacer a los militantes de izquierda" y es "un mensaje para adentro más que para afuera".

Una señal de que no habrá cambios, según Villa, es que Rousseff decidió mantener en su puesto al ministro de Defensa de Lula, Nelson Jobim, un fuerte detractor de la medida.

En cambio, para Adam Isacson, de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, según sus siglas en inglés), el hecho de que la nueva jefa de Estado haya anunciado como uno de los primeros objetivos de su mandato la creación de una Comisión muestra un compromiso real con el tema.

"Verse derrotada en este asunto en las primeras semanas de su presidencia sería desastroso", evaluó el analista.

Para Isacson, la continuidad de Jobim tiene más que ver con el "gran plan de defensa nacional" originado por Lula y que es encabezado por el ministro.

Capital político

Los expertos están de acuerdo en una cosa: los militares –cuya cúpula amenazó con renunciar si el gobierno avanzaba con la propuesta de una Comisión- colaborarán con el proceso de "reconciliación y verdad" si son forzados por el Poder Ejecutivo.

"Si el gobierno es sincero en su intención de investigar el pasado, los militares no se opondrán. La verdadera barrera es la falta de decisión política", opinó Villa.

Por su parte, Isacson dijo a BBC Mundo que si Rousseff "decide invertir el capital político para avanzar con esta medida, lo logrará".

¿Y qué opina el pueblo brasileño?

Para gran parte de la población –en especial muchos jóvenes, que conforman la mayoría- los hechos que ocurrieron durante el período militar son un tema del pasado y no representan una preocupación diaria.

Muchas de las víctimas de represión fueron indemnizadas por el gobierno, algo que, para algunos, representa una justa compensación por lo que debieron pasar.

"Es cierto que no existe un reclamo fuerte por justicia, como ocurre en otros países de América Latina", señaló Isacson.

Imagen exterior

No obstante, para el experto sí hay una creciente preocupación en Brasil por cómo se ve al país desde el exterior, algo exacerbado por los próximos encuentros internacionales que hospedará el país, como el Mundial de Fútbol de 2014 y las Olimpíadas de 2016.

Ante este escenario, un fallo contrario, como el de la Corte Interamericana, podría dar una mala imagen.

"Brasil tiene una herida reciente y eso no es bueno a los ojos de la comunidad internacional, así que eso podría dar mayor peso político a la iniciativa de Rousseff", concluyó.

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