Última actualización: Martes, 23 de noviembre de 2010

España: proponen certificado de "buen inmigrante" en Cataluña

Según lo que propone el Partido Popular en las elecciones de Cataluña este fin de semana, los inmigrantes deberán comprobar que son buenos ciudadanos para poder renovar su permiso de residencia.

Candidatos a las elecciones de Cataluña.

La inmigración es un tema polémico en las elecciones de Cataluña del 28 de noviembre.

La derecha española, el Partido Popular (PP), lo llama certificado de convivencia y constituye una de sus principales propuestas para los comicios del domingo en Cataluña, una de las comunidades con más población extranjera en España.

"Si los inmigrantes no cumplen las normas básicas de convivencia, no tendrán la posibilidad de permanencia en nuestro país. Los certificados de convivencia deberán de tenerse en cuenta a la hora de renovar permisos de residencia y de trabajo", señaló Alberto Fernández Díaz, presidente del grupo municipal del PP en Barcelona.

Los ayuntamientos se encargarían de expedir el certificado detallando, entre otras cosas, que el inmigrante no tiene sanciones, que lleva a sus hijos al colegio o que no tiene quejas de sus vecinos.

La polémica propuesta es parte del programa electoral del PP que pide también que las administraciones locales delaten a los sin papeles empadronados a la policía. El padrón (censo) permite a todos los ciudadanos acceder gratuitamente a la salud y la educación públicas.

Sin embargo, el PP no es uno de los principales partidos de la región de cara a los comicios, al contrario del Convergència i Unió (Convergencia y Unión, en castellano) quien es señalado de ser el probable ganador.

Integración por contrato

Inmigrantes en España

Los inmigrantes que llegan a España podrían tener que obtener un certificado de convivencia.

"¿Un certificado de convivencia? ¿Eso significa que el inmigrante come cocido o fabada? (platos típicos en España). Un inmigrante no tiene que firmar nada, simplemente cumplir las leyes como el resto de los españoles", comenta a BBC Mundo el catedrático de sociología y experto en migración Juan Díez Nicolás.

"Ahora, en temas delictivos, si el inmigrante es un reincidente -sobre todo en el caso de las mafias- no me escandalizaría que se pidiera un informe para saberlo. El documento entraría dentro del cumplimiento de la legalidad", añadió.

Para Daniel Izuzquiza, director de Pueblos Unidos, centro que trabaja con población inmigrante, "políticas como el contrato de integración en Francia desenfocan el asunto. La integración es un proceso bidireccional. La idea es que el inmigrante es el que tiene que hacer el esfuerzo como si la sociedad fuera un ente fijo, una caja para entrar. La realidad es más compleja y plural", explica a BBC Mundo.

El certificado de convivencia está en la línea del contrato de integración también propuesto por el Partido Popular. El inmigrante suscribirá un documento en el que se compromete a cumplir las leyes españolas, a respetar las costumbres, a aprender el castellano (y si quiere otra lengua oficial), a pagar sus impuestos y trabajar activamente para integrarse, entre otros aspectos.

De no cumplir con los compromisos, no se le renovaría el permiso de residencia.

"Si un colectivo lleva muchos años viviendo en España y aún no sabe el idioma se podría pensar en una medida concreta para integrarlos. Ahora bien, estos documentos lo que tienden es a perpetuar la idea de amenaza, los distintos son ellos, los inmigrantes. Es una medida electoralista que prende en un contexto de crisis", comenta Izuzquiza.

Sin papeles

Para Díez Nicolás, el gran problema son los sin papeles.

"Todo el mundo tiene que tener papeles. No tienes protección de la legislación laboral, no puedes tener un contrato de trabajo legal. Todo el mundo ha mirado hacia otro lado, incluidos los sindicatos. A los empleadores les ha convenido porque han pagado salarios más bajos y no han tenido que cotizar a la Seguridad Social", detalla.

"Ahora han llegado las vacas flacas y ¿qué vamos a hacer con los irregulares? La salud y la educación que reciben estas personas no vienen del dinero de los empresarios sino que lo pagamos todos los españoles".

"Es absurdo que desde el año 2000 se hayan colado más de 600 mil sin papeles. El mercado los requería pero ahora nadie parece que los haya visto", anota Nicolás.

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