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El hombre al que ejecutaron porque lo confundieron con su vecino

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17 may 2012 04:35 GMT

Valeria Perasso

BBC Mundo, Asuntos Hispanos

Los dos Carlos

Los dos se llamaban Carlos, vivían en Texas y tenían un extraordinario parecido físico: tanto como para confundir a la hermana de uno de ellos a la hora de identificarlos en fotografías.

Uno fue ejecutado en 1989, el otro quedó libre pese a un abultado historial criminal. Más de 20 años después, un informe de la prestigiosa Escuela de Leyes de la Universidad de Columbia demostró que la justicia estadounidense probablemente condenó al hombre equivocado.

Carlos de Luna fue el reo que recibió la inyección letal el 8 de diciembre de 1989, señalado como responsable del asesinato de una mujer, brutalmente apuñalada en el pecho en una gasolinera del sur de Texas.

Había sido detenido en 1983, a los 20 años, y pasó sus últimos seis en prisión esperando el cumplimento de su sentencia.

Durante todo ese tiempo repitió que era inocente y que sabía quién era el asesino, al que incluso señaló con nombre y apellido: Carlos Hernández, un joven conocido en la ciudad de Corpus Christi, donde ambos vivían, por sus acciones violentas y sus más de 30 arrestos.

A Hernández nunca se lo relacionó con la muerte de aquella joven, una madre soltera empleada en la estación de gasolina donde tuvo lugar el crimen.

Pero la investigación académica aporta elementos que probarían que fue él quien hundió el cuchillo letal, en un caso marcado por errores de procedimiento, peritajes insuficientes y mal uso de la información aportada por testigos, según señalan los expertos.

“Es un caso de esos en lo que todo lo que podía salir mal, salió mal”, opinó el profesor de Columbia James Liebman, responsable del estudio, quien considera que la causa es “emblemática” del mal funcionamiento del sistema judicial estadounidense.

Sin sangre ni barba

Con el título “Los tocayos Carlos: anatomía de una ejecución equivocada”, el informe de 463 páginas ocupa la última edición, recién publicada, del periódico académico Columbia Human Rights Law Review.

La investigación insumió seis años de trabajo de un equipo de 12 estudiantes de leyes bajo la dirección de Liebman -un experto en la pena capital- que analizó las declaraciones de 100 testigos y 900 piezas de evidencia.

¿El punto de partida? Las revelaciones de una mujer emparentada con ambos hombres, que proveyó fechas y detalles para comenzar a distinguir un Carlos del otro.

Los primeros datos los dio el mismo acusado durante su juicio, en los ‘80: según De Luna, la noche del crimen había pasado un rato con “el otro Carlos” en un bar. Hernández salió de allí hacia una estación de servicio aledaña para comprar algo y, al ver que no regresaba, De Luna fue tras sus pasos.

Afuera –según el testimonio- vio a su tocayo enfrascado en una pelea con una mujer y decidió salir corriendo: él tenía una entrada policial por un supuesto caso de abuso sexual y no quería meterse en problemas.

En la gasolinera fue hallada la víctima, Wanda López, durante una investigación policial que ahora fue puesta en tela de juicio por los académicos de Columbia, que hallaron irregularidades suficientes para sostener que De Luna no fue en realidad el responsable de esa muerte.

“Uno de los elementos sorprendentes es que en la escena del crimen había sangre en todas partes. Sin embargo, cuando la policía detuvo a De Luna, 40 minutos más tarde, éste no tenía ni una mancha de sangre en su cuerpo. Es poco probable que en ese tiempo pudiera haberlas hecho desaparecer”, señaló a BBC Mundo la abogada Shawn Crowley, una de las autoras del trabajo.

Testigos señalaron luego que el atacante tenía barba y había huido hacia el norte, mientras que De Luna llevaba una afeitada al ras en esos días y fue interceptado por la policía al este del lugar.

“También nos llamó la atención que no se recogieran huellas dactilares en múltiples objetos de la escena del crimen, como un atado de cigarrillos o latas de cerveza. En realidad, nunca hubo evidencia física que vinculara a De Luna con el ataque”, agregó Crowley.

El cuchillo

En el reporte, señalan que las autoridades no asociaron el arma del crimen –un cuchillo tipo Buck- con Carlos Hernández, pese a que éste portaba uno similar que afilaba constantemente a la vista de todos.

“En muchos de los presuntos delitos por los que había sido detenido antes, Hernández tenía un cuchillo así. En nuestra ronda con testigos, mucha gente lo reconocía cuando se lo mostrábamos en fotos, ‘ah, sí, es el cuchillo de Carlos Hernández’”, detalló Crowley.

No ayudó, por cierto, que los tocayos no sólo compartieran nombre: eran también del mismo peso y estatura. El informe destaca que el abogado de Hernández confundió a su defendido con De Luna en una fotografía que le fue exhibida durante la investigación, y lo mismo le pasó a la hermana del condenado.

Para destacar las fallas del sistema, los investigadores de Columbia se concentran en lo que ocurrió durante los casi seis años que De Luna pasó tras las rejas, hasta su ejecución.

“Yo no lo hice, pero sé quién fue”, repitió él en varias ocasiones, según los registros.

Sus abogados sacaron a relucir el nombre de Hernández durante el juicio. Pero el fiscal del caso concluyó que “el otro Carlos” era producto de la imaginación: un “fantasma”, lo llamó, creado por la desesperación de De Luna.

Un investigador privado, a pedido de Liebman, buscó evidencias sobre el otro Carlos a los fines de la investigación académica: un solo día bastó para probar que el tal Hernández existía y tenía 39 arrestos en su haber, 13 de ellos portando un cuchillo similar al del crimen.

Sólo dos meses antes de la inyección de De Luna, Hernández fue encarcelado por atacar a otra mujer con arma blanca, aunque por ese entonces tampoco se estableció una posible relación entre ambos hechos. El hombre murió tras las rejas de causas naturales, en 1999.

Debate capital

Ahora, a casi tres décadas del crimen de Wanda López y con ambos Carlos muertos, ¿qué relevancia tiene este informe?

Por una parte, el documento ha sido considerado por expertos en leyes como un revelador cuerpo de investigación que dejaría en evidencia, de modo sistemático y riguroso, ciertos huecos del sistema policial y judicial estadounidense.

Si hay errores de procedimiento –señalan- no resulta descabellado concluir que también podrían existir fallas en la determinación de culpabilidades.

“Este caso no es el de OJ Simpson u otro de alto perfil, no es un caso del que la gente hable. Y no tiene un error gravísimo desde el punto de vista legal sino una serie de errores menores acumulados. Lo mismo puede ocurrir en muchos otros casos”, comparó Crowley ante BBC Mundo.

Pero, además, para Liebman y su equipo las conclusiones deberían servir para alimentar un debate de larga data: el de la pena capital en Estados Unidos.

“La pena de muerte, por extrema e irreversible, es un elemento importante del debate sobre un sistema que decimos que no funciona como debiera”, indicó la académica.

La ejecución de Troy Davis, en septiembre de 2011 en Georgia, recalentó la discusión sobre la condena capital, que ya ha sido ya abolida en varios estados –Connecticut, el mes pasado, fue el quinto en 5 años – y en otros, como California, será sometida a referendo.

En tanto, el estado de Texas, donde De Luna recibió la inyección final, tiene la más alta tasa de ejecuciones: 482 casos desde 1976.

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