Carlos Chirinos
BBC Mundo, Washington
Última actualización: martes, 22 de junio de 2010 - 21:23 GMT
EE.UU.: juez falla contra la moratoria petrolera decretada por Obama
Apenas conocida la decisión, la Casa Blanca anunció que apelaría el fallo.
Un tribunal federal de Nueva Orleans, estado de Luisiana, bloqueó la moratoria de perforación petrolera en aguas profundas que había establecido el pasado 6 de mayo el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, a raíz del accidente de la plataforma de British Petroleum (BP) en aguas del Golfo de México.
La demanda fue presentada ante el juez Martin Feldman el lunes por un grupo de pequeñas empresas locales que trabajan para dotar de servicios a la industria petrolera, y que consideran que la medida fue arbitrariamente impuesta.
"Una decisión inválida de la agencia (Departamento de Interior) de suspender la perforación de pozos en profundidades mayores a 153 metros (500 pies) simplemente no puede justificar el inconmensurable efecto en los demandantes, la economía local, la región del Golfo", razonó el juez Feldman en su decisión.
El magistrado adujo también "los aspectos críticos actuales para la disponibilidad de energía en este país" que contiene la decisión del Ejecutivo, que no habría presentado argumentos convincentes para justificar la moratoria.
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La Casa Blanca apelará
Apenas conocida la decisión, la Casa Blanca anunció que apelaría el fallo.
El presidente Obama cree fuertemente, como argumentaron ayer los Departamentos de Interior y de Justicia, que seguir perforando a esas profundidades sin saber qué pasó (en el pozo de BP) no tiene sentido
Robert Gibbs, portavoz presidencial
Este martes, durante su rueda de prensa diaria, el portavoz presidencial, Robert Gibbs, alertó que la decisión judicial es un riesgo para la seguridad.
"El presidente Obama cree fuertemente, como argumentaron ayer los Departamentos de Interior y de Justicia, que seguir perforando a esas profundidades sin saber qué pasó (en el pozo de BP) no tiene sentido", aseguró Gibbs.
Para Gibbs se "pone en riesgo la seguridad de los que trabajan en las plataformas y la seguridad del medio ambiente en el Golfo".
La semana pasada, ante un comité del Congreso, directivos de las principales petroleras que trabajan en EE.UU. reconocieron que el manejo del derrame de BP era "complejo" aunque aseguraron que la petrolera británica tomó decisiones que contribuyeron al accidenta del 20 de abril.
"Esperamos sacar un aprendizaje de todo esto e incorporarlo en los planes de seguridad de la industria", le dijo a BBC Mundo Andy Redford, asesor del Instituto Estadounidense de Petróleo (API, por sus siglas en inglés).
Redford no quiso especular sobre las cosas que se habrían hecho mal o bien en la perforación del pozo Macondo, pero aseguró que la API -que representa a la industria petrolera estadounidense- trabaja con el gobierno para poner en marcha mejores sistemas de seguridad.
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El "otro" ecosistema
Robert Gibbs alertó que la decisión judicial es un riesgo para la seguridad.
Mientras el gobierno y los grupos ecologistas expresan su preocupación por los efectos que el aún imparable derrame puede tener en la vida marina de la cuenca del Golfo de México, los demandantes alertan sobre los efectos de "castigar" a toda la industria petrolera sobre otro ecosistema.
"No estamos pidiendo nada contrario a la seguridad. (…) hay un ecosistema de negocios que está siendo afectado cada día por esta moratoria", dijo el abogado Carl Rosenblum durante la presentación de la demanda el lunes.
En el momento de anunciar la moratoria, el Departamento del Interior justificó la medida como una manera de tener tiempo para estudiar mejor los riesgos de la exploración petrolera submarina
Originalmente la suspensión, que afecta a unos 33 pozos, duraría un mes, pero a fines de mayo el presidente anunció que la extendería seis meses más.
El gobernador de Luisiana, el republicano Bobby Jindal y algunos parlamentarios republicanos de estados petroleros cuestionaron la decisión por considerar que "espantaría" los negocios y aumentaría el desempleo en la región.
En el Golfo de México hay unos 3.600 pozos activos que no se ven afectados por la decisión presidencial. La mitad de ellos son considerados como pozos profundos.
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