La ONU, la OSCE y la UE tratarán de buscar una respuesta a la crisis.
El secretario general de las Naciones Unidas (ONU), Ban Ki-moon, dio este domingo la voz de alarma por la magnitud de los enfrentamientos en el sur de Kirguistán, por su carácter interétnico y el número de muertos y desplazados.
Según un portavoz de la ONU, los comentarios fueron hechos en una llamada telefónica de Ban Ki-moon al ministro de Asuntos Exteriores de Kazajstán, que actualmente preside la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE).
Ambos funcionarios acordaron coordinar una respuesta a la crisis, junto con la Unión Europea (UE). Por el momento, la ONU anunció que un enviado de esa organización viajará a la capital de Kirguistán, Bishkek, para conocer de cerca el conflicto.
Los enfrentamientos entre uzbecos y kirguises se han saldado con la vida de más de 100 personas en tres días.
Según las informaciones procedentes de ese país, las bandas armadas están intensificando sus ataques contra los miembros de la minoritaria etnia uzbeka.
Testigos en la zona hablan de viviendas que arden en las áreas de Osh y los alrededores, así como de cuerpos que yacen en las calles.
Hasta el momento hay unos 100 muertos confirmados, más de 1.000 heridos y decenas de miles de personas han huido hacia el vecino Uzbekistán.
Según Cruz Roja Internacional decenas de miles de personas han tenido que huir de Osh.
El gobierno interino de Kirguistán autorizó el sábado a sus fuerzas de seguridad a que "disparen a matar" en un esfuerzo por detener la lucha étnica.
Dada la gravedad de los hechos, un decreto del ejecutivo en funciones publicado este sábado autorizó a las fuerzas de seguridad a usar la fuerza extrema en las regiones de Osh y Jalalabad, donde está declarado el estado de emergencia.
Estos disparos se permiten, según el decreto, "con el fin de poder defender a los civiles, en defensa propia y en caso de ataques armados".
Este es el mayor estallido de violencia desde que en abril fuera derrocado el presidente de ese país asiático, Kurmanbek Bakiyev.
En Kirguistán viven 5,5 millones de personas, de las cuales cerca de un millón son uzbekos. En Osh reside gran parte de esa comunidad étnica minoritaria, que representa uno de los apoyos más importantes del derrocado presidente.
Ante la extrema situación, Kirguistán, ex miembro de la extinta Unión Soviética, le pidió a Rusia este sábado que enviase tropas para ayudarle a controlar los disturbios, pero ese país negó tener intenciones de intervenir.
"Rusia aún no ve condiciones para participar" en un arreglo de la situación, declaró Tatiana Timakova, la portavoz del presidente ruso, Dmitri Medvédev.
No obstante, el domingo Rusia envió un batallón de paracaidistas formado por al menos 150 soldados para proteger una base aérea rusa en el norte de Kirguistán.
Al pánico ante la violencia se suma también la falta de alimentos y agua de los desplazados. Una mujer le dijo a Demeytrie: "necesitamos comida, necesitamos agua, tengo dos hijos pequeños y necesitamos agua y comida para sobrevivir".
El Comité Internacional de la Cruz Roja aseguró que, según sus informes, habría decenas de miles de personas huyendo de los combates y saqueos.
Según el analista de la BBC James Rodgers, aunque los combates se concentran en una pequeña ciudad de la república de Asia Central, están siendo vigilados muy de cerca por "los gigantes de la política mundial y la economía que tienen miedo a posibles consecuencias más amplias".
Tanto Rusia -que apoyó al gobierno interino- como Estados Unidos tienen intereses en que el ejecutivo de Kirguistán consiga estabilizar la situación, entre otras cosas –dijo Rodgers- porque ambos tienen bases militares en el país.
Precisamente, EE.UU. pidió este sábado en un comunicado la "rápida restauración de la paz y el orden público" en los lugares donde se ha desatado la violencia étnica.
"EE.UU. respalda los esfuerzos de Naciones Unidas y la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa para facilitar la paz y el orden y la ayuda humanitaria a las víctimas de la violencia y el desorden en la República de Kirguistán", afirmó el portavoz del Departamento de Estado, Philip Crowley.
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