Marcia Facundo
BBC Mundo, Los Angeles
Está previsto que la Ley SB 1070 de Arizona entre en vigor el próximo 29 de julio.
La decisión de la ciudad de Los Ángeles de someter una moción ante las cortes de Arizona para que se revierta la ley que criminaliza la inmigración de indocumentados en ese estado es un escollo más en la lista de obstáculos judiciales que podrían impedir la implementación de la polémica legislación.
La ley del senado deberá entrar en efecto el próximo 29 de julio, pero el estado enfrenta unos seis recursos judiciales que desafían la medida.
Ahora el consejo de Los Ángeles decidió unirse a la querella que presentó una coalición de organizaciones comunitarias el pasado 17 de mayo que busca la derogación de la ley SB1070, promulgada el pasado 23 de abril.
El gobierno de la ciudad decidió someter ante los tribunales de Arizona un documento que sustente la demanda "Friendly House v. Whiting" que afirma que la legislación interfiere con la autoridad y el poder federal sobre los asuntos migratorios.
La controversial ley de Arizona establece que es un crimen estatal no poseer los documentos migratorios y exige a la policía local determinar el estatus de las personas que le parezcan sospechosos de ser indocumentados.
"Creo que nuestro caso va a tener éxito y que esta ley no deberá entrar en efecto", indicó a BBC Mundo Linton Joaquín, abogado del Centro Nacional de Ley de Inmigración, una de más de 20 organizaciones e individuos que figuran en la demanda.
La coalición presentó el viernes pasado una moción que pide a la corte que emita una orden para que sea detenida la implementación de la ley "antiindocumentados".
Joaquín dijo tener confianza de que su caso "es fuerte" porque se fundamenta en el principio constitucional que otorga supremacía al gobierno federal sobre asuntos migratorios de manera que "los estados no puedan tener esa autoridad".
No obstante, la misma confianza tiene la gobernadora Brewer de que su controversial legislación triunfará en los tribunales estatales.
Brewer ya había previsto que la polémica ley sería desafiada en los tribunales.
"Ella confía en que la ley de Arizona es constitucional y que al final será declarada constitucional por nuestra rama judicial del gobierno", indicó a BBC Mundo, Paul Senseman, subjefe de gabinete de Brewer, encargado de comunicaciones.
Senseman apuntó que la gobernadora había previsto que la ley sería desafiada ante los tribunales, al igual que ocurrió con otras normas de Arizona sobre la inmigración de indocumentados.
El funcionario reveló que Brewer ha recibido, sin solicitarlo previamente, "más de US$18.000 de individuos en más de 40 estados de EE.UU. para sufragar los costos asociados con las potenciales demandas judiciales en contra de los ciudadanos de Arizona".
Para Gabriel Chin, profesor de Derecho de la Escuela de Leyes James E. Rogers de la Universidad de Arizona, el destino de las demandas interpuestas en contra de la Ley SB 1070 dependerá en gran medida de si el gobierno del presidente Barack Obama decide desafiar la medida.
El catedrático universitario consideró que la opinión de la Casa Blanca influirá en la decisión de cualquier tribunal respecto a la constitucionalidad de la ley migratoria.
Ella (Brewer) confía en que la ley de Arizona es constitucional y que al final será declarada constitucional por nuestra rama judicial del gobierno"
Paul Senseman, subjefe de gabinete de Brewer.
De acuerdo a informes de prensa, funcionarios del departamento de Justicia han redactado un borrador de un recurso de impugnación que argumenta que la legislación de Arizona es inconstitucional porque traspasa la autoridad del gobierno federal de asegurar las fronteras nacionales.
El portavoz Alejandro Miyar informó a BBC Mundo que "el departamento continúa evaluando sus opciones legales".
Mientras, Chin dijo estar seguro de que la ley no entrará en efecto el 29 de julio como está previsto.
"Yo sospecho que habrá una decisión (de la corte) antes de que la ley entre en efecto", expresó el experto.
Agregó que "habrá un fallo en la corte del distrito de Arizona mucho antes del 29 de julio y probablemente habrá una apelación".
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