Última actualización: domingo, 12 de julio de 2009 - 19:46 GMT
Grecia: mano dura con los inmigrantes
Muchos de los habitantes del campamento de Patras abandonaron el lugar antes del desalojo.
La policía antidisturbios griega destruyó con la ayuda de máquinas escavadoras un campamento de inmigrantes en la ciudad portuaria de Patras.
Unos 100 policías participaron en la operación, que sólo dejó en pie una mezquita improvisada y una tienda de campaña utilizada por médicos voluntarios.
Según el corresponsal de BBC en Atenas, Malcom Brabant, el asentamiento provisorio, que funcionaba desde hace 13 años, daba cobijo a 1.800 personas hace unos meses, la mayoría provenientes de Afganistán.
Pero el número de inmigrantes, que esperaban poder colarse en barcos con rumbo a Italia y a otros destinos en Europa occidental, se redujo a causa de los numerosos arrestos y también porque el acceso a los ferrys se ha tornado casi imposible.
Mientras algunos griegos veían en el campamento una amenaza para la gran cantidad de turistas que llegan al puerto del mar Adriático desde Italia, otros han protagonizado protestas en contra del endurecimiento de las políticas gubernamentales hacia la inmigración.
La "amenaza" de la inmigración
Al puerto de Patras llegan turistas provenientes de Italia y del resto de Europa.
El corresponsal de BBC relata que oficiales de la Cruz Roja dijeron que la operación de desmantelamiento del campamento buscaba aterrorizar a los inmigrantes.
El gobierno conservador griego empezó a tomar medidas cada vez más severas en contra de la inmigración ilegal en las últimas semanas, una política que ha provocado varias protestas en las calles de la capital, Atenas.
En el ámbito internacional Grecia también ha recibido críticas por la forma en la que trata a quienes podrían ser refugiados y tener derecho a asilo.
Sin embargo, como recoge Brabant, el comisionado de Justicia de la Unión Europea, Jacques Barrot, reconoció recientemente que el "flujo de inmigración incontrolable" constituye una amenaza para la democracia griega.
La destrucción del asentamiento, asegura nuestro corresponsal, empujará a algunos de sus habitantes a manos de traficantes -que piden unos US$8.000 por sacarlos del país- y a otros hacia la frontera con Bulgaria o Macedonia.
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