Última actualización: martes, 13 de abril de 2010 - 01:10 GMT

Bolivia, en la mira por derechos humanos

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) decidirá esta semana si el Estado de Bolivia debe resarcir moral y económicamente a una familia que perdió a dos de sus miembros a manos del gobierno militar de Hugo Banzer (1971-1978).

Hugo Banzer, ex presidente de Bolivia

La CIDH decidirá si el Estado de Bolivia resarcirá a una familia por pérdidas durante el gobierno militar de Banzer.

En la primera de las audiencias públicas que realizará la CIDH como parte de su 41º período extraordinario de sesiones, celebrado en la capital peruana, Lima, se tratará el caso "Ibsen", como se conoce a la desaparición de Rainer Ibsen Cárdenas y de su padre, José Luis Ibsen Peña.

El primero era un guerrillero que militaba en el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y fue detenido por las autoridades militares en 1971. Su padre lo buscó incansablemente hasta que él mismo fue detenido y desaparecido por el régimen de Banzer en 1973.

La familia Ibsen llevó los casos ante la CIDH para que declare al Estado boliviano responsable de las desapariciones y lo obligue a llevar a juicio a los culpables, además de pagarles una indemnización a sus deudos.

Expertos en derechos humanos le confiaron a BBC Mundo que la Corte condenará al Estado boliviano, tal como ocurrió en otros dos casos de desapariciones que fueron llevados ante ese tribunal.

Precedente

En 2000, la CIDH condenó al gobierno boliviano a resarcir a la familia del universitario Renato Ticona Estrada, quien desapareció durante el mandato de Luis García Meza (1980-1981).

En tanto, en 2008 también falló a favor de los familiares de José Carlos Trujillo Oroza, quien fue llevado en 1972, durante el gobierno de Banzer.

El Estado boliviano debió pagarles US$400.000 a cada una de las familias como parte de la condena.

Parte del fallo también obligó al Estado a llevar a juicio a los culpables de los crímenes.

Según Anita Urquieta, presidenta de la Asociación de Familiares de Detenidos, Desaparecidos y Mártires por la Liberación Nacional (Asofamd), esos juicios han avanzado muy poco.

Sin embargo la activista por los derechos humanos destacó la importancia del fallo de la CIDH para dar el puntapié inicial a los procesos legales.

Justicia

Urquieta le dijo a BBC Mundo que las principales trabas para hacer justicia en los casos de desparecidos no vienen del Ejecutivo boliviano, sino de los tribunales y de las Fuerzas Armadas.

En 2008, el gobierno creó el Consejo Nacional de Defensa de los DD.HH., que depende del Ministerio de Justicia y trabaja para esclarecer los casos de las cerca de 250 personas que desaparecieron en Bolivia durante los gobiernos militares de 1964 a 1982

Anita Urquieta, presidenta de la Asofamd

En ese sentido, la especialista resaltó los avances logrados por el gobierno de Evo Morales en materia de derechos humanos.

"En 2008, el gobierno creó el Consejo Nacional de Defensa de los DD.HH., que depende del Ministerio de Justicia y trabaja para esclarecer los casos de las cerca de 250 personas que desaparecieron en Bolivia durante los gobiernos militares de 1964 a 1982", señaló.

Según Urquieta, el Consejo, en colaboración con organismos como Asofamd, ha logrado identificar varios restos de desaparecidos.

Uno de ellos fue Rainer Ibsen Cárdenas, cuyo cuerpo fue entregado a sus familiares a finales de 2008.

Ese año, el gobierno de Morales también realizó un "acto de desagravio" por la desaparición de Rainer y su padre, en el que reconoció la "responsabilidad internacional por violaciones a derechos humanos" del Estado boliviano.

Cuentas pendientes

Algunos críticos opinan que el gobierno de Morales ha fallado a la hora de resarcir económicamente a los familiares de las víctimas, lo cual ha llevado a que algunos, como en el caso Ibsen, acudan a cortes internacionales.

Los problemas monetarios podrían encontrar una solución gracias a la implementación del Consejo Nacional de Resarcimiento a las Víctimas de la Violencia Política, una instancia creada por un gobierno anterior pero puesta en práctica por la actual administración.

Unas 7.000 personas ya habrían presentado documentación para recibir una compensación económica por la violencia del pasado.

Se espera que la CIDH se expida sobre el caso Ibsen este martes.

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