Última actualización: jueves, 17 de septiembre de 2009 - 05:57 GMT

Argentina: avanza polémica ley de medios

Redacción del diario Clarín

Para la oposición, la ley busca veladamente atacar al Grupo Clarín.

Tras una sesión maratónica, la Cámara de Diputados de Argentina dio aprobación a una polémica ley de medios audiovisuales, por la que el oficialismo y la oposición han mantenido un duro enfrentamiento en las últimas semanas. El proyecto deberá ser ahora aprobado por el Senado.

Fueron 14 horas de debate que concluyeron con la marcha peronista cantada a viva voz por los legisladores del oficialismo: de los 153 diputados presentes, 146 votaron a favor de la norma.

Sin embargo, en el recinto faltaban otros 104 integrantes de la Cámara, que se habían retirado en bloque horas antes, en rechazo manifiesto a la sesión.

El proyecto de la ley de medios fue impulsado por el gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien apuró los plazos del trámite legislativo para intentar su sanción antes del recambio de diputados de diciembre próximo, cuando el oficialismo quedará debilitado en el Congreso.

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Según el Ejecutivo, la propuesta apunta a "desmonopolizar" el mercado de los medios, actualmente concentrado en pocas manos.

"Lo que puso de manifiesto esta presidenta al enviar este proyecto es una enorme voluntad política… Lo más importante es que es una ley antimonopolios, que ataca a esas concentraciones dominantes. Necesitamos muchas voces, que hoy ya existen pero no todas se escuchan de la misma manera", declaró el diputado Agustín Rossi, jefe de la bancada oficialista.

Lo que puso de manifiesto esta presidenta al enviar este proyecto es una enorme voluntad política… Lo más importante es que es una ley antimonopolios, que ataca a esas concentraciones dominantes. Necesitamos muchas voces, que hoy ya existen pero no todas se escuchan de la misma manera

Agustín Rossi, bancada oficialista

Sin embargo, la oposición considera que detrás de la legislación hay una intención de ampliar el control estatal sobre contenidos y frecuencias de radio y TV, y busca veladamente atacar al Grupo Clarín, el principal multimedios argentino, abiertamente enfrentado con el gobierno desde hace meses.

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El proyecto se aprobó con más de dos centenares de modificaciones de la primera versión presentada por el oficialismo, algunas de ellas de fondo, como la prohibición a que las empresas telefónicas participen en el negocio de la televisión por cable.

Contra el reglamento

La media sanción a la norma, que ahora pasa al Senado, la logró el oficialista Frente para la Victoria con el apoyo de diputados aliados del socialismo, bloques de centroizquierda y otras fuerzas provinciales.

El debate se dio en un contexto de fuerte cuestionamiento por la legitimidad de la sesión, que hizo que la mayor parte de la oposición se retirara del recinto por considerar que se había violado el reglamento de la Cámara.

Los legisladores de la Coalición Cívica (CC), la Unión Cívica Radical (UCR) y el peronismo disidente reclamaron por los plazos incumplidos en el análisis de la ley.

En particular, porque la sesión especial para tratarla se convocó sólo horas después de que el anteproyecto fuera debatido, el martes, en la Comisión de Comunicaciones, la de Presupuesto y la de Libertad de Expresión y recibiera más de 200 modificaciones. El reglamento establece, sin embargo, que entre el dictamen de comisiones y el debate en el recinto deben pasar siete días.

Congreso de Argentina

Gran parte de la oposición se retiró del Congreso por considerar que se había violado el reglamento de la cámara.

"Es una vergüenza que no haya tiempo para que la oposición analice lo que se aprobó (en comisiones). Ni en una asociación vecinal que discute la instalación de una cancha de bochas pasa una cosa semejante", objetó Fernando Iglesias, diputado de la CC.

En una conferencia de prensa improvisada, el jefe de la bancada de la UCR, Oscar Aguad, anunció la decisión de abstenerse de votar la ley.

"Se pretende sancionar una ley en menos de 24 horas. Esta ley no sólo viola normas expresas de la Constitución, sino que es nula por procedimiento. Esperamos que en el Senado se abra una instancia de diálogo, de debate y de consenso, que permitan zanjar estas falencias", declaró el legislador radical.

Ley vetusta

Uno de los argumentos esgrimidos por el kirchnerismo para impulsar el proyecto fue la necesidad de reemplazar lo que consideran una ley anacrónica, establecida en los años 80 durante el régimen militar y fuera de tono con los nuevos mercados de telecomunicaciones y las nuevas tecnologías.

Es una vergüenza que no haya tiempo para que la oposición analice lo que se aprobó (en comisiones). Ni en una asociación vecinal que discute la instalación de una cancha de bochas pasa una cosa semejante

Fernando Iglesias, diputado CC

En la mañana del miércoles, el oficialismo logró su primer cometido: alcanzar el quórum para abrir el debate.

Tal como se había anticipado, el tratamiento de una ley de más de 160 artículos y unas 200 modificaciones frescas que muchos diputados no habían alcanzado a leer, fue por demás arduo.

Uno de los ejes de la discusión fue la composición de un nuevo ente de control para velar por el cumplimiento de las regulaciones audiovisuales, un tema en el que la Casa Rosada debió aceptar cambios para buscar consenso.

El proyecto original proponía un ente autárquico de cinco miembros, tres de ellos designados por el poder Ejecutivo. Tras la discusión en comisiones, se decidió ampliar a siete el número de integrantes, para limitar posibles injerencias gubernamentales en un organismo que se ocupará, entre otras cosas, de otorgar o cancelar licencias para operar en el mercado.

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La otra cuestión sobre la que el oficialismo hizo concesiones fue la habilitar a las empresas telefónicas para participar en el negocio audiovisual.

El lunes, la presidenta Fernández dio marcha atrás para acercar posiciones con la oposición, y operadores como Telecom y Telefónica quedaron excluidos de la distribución de TV por cable.

Sin embargo, la ley aprobada en la Cámara baja mantiene algunos artículos que están lejos de conseguir el tan mentado consenso, como el de obligar a los multimedios a desprenderse de algunos de sus negocios en el plazo de un año, para cumplir con el nuevo cupo de diez medios por dueño que establece la ley.

Ahora, la norma deberá pasar por el Senado, donde –según voceros oficiales- podría discutirse el 7 de octubre.

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