Última actualización: sábado, 29 de agosto de 2009 - 01:20 GMT

Venezuela: fiscal contra el “desorden”

La fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, anunció que pedirá el enjuiciamiento de “todas aquellas personas que alteren la tranquilidad y la paz pública del país”, en alusión a recientes marchas opositoras que terminaron siendo disueltas con gases y chorros de agua por funcionarios policiales.

Manifestantes en protesta contra el gobierno en Caracas el 22 de agosto

Sectores opositores dijeron que las declaraciones de la Fiscal constituyen una amenaza expresa.

De acuerdo con un boletín oficial de su despacho, la fiscal dijo que hay personas que buscan “cualquier motivo para marchar, cualquier motivo para crear caos” con el objeto de “desestabilizar”.

La titular del Ministerio Público aseguró que estos comportamientos “encajan en el delito de rebelión civil”, que podría acarrear pena de 12 a 24 años de prisión.

“Yo quisiera que aquellas personas que se alzan en actitud hostil contra el gobierno legítimamente constituido sepan cuáles son las consecuencias”, añadió el boletín.

Estas declaraciones causaron revuelo entre sectores opositores, que las equipararon a una amenaza expresa contra cualquiera que decida manifestar públicamente.

El contexto

Las más recientes detenciones producidas en protestas de calle ocurrieron este miércoles, cuando trabajadores de la alcaldía Metropolitana de Caracas (que encabeza el líder opositor Antonio Ledezma) manifestaban contra una ley que, aseguran, amenaza la existencia misma de la alcaldía y sus puestos de trabajo.

Yo quisiera que aquellas personas que se alzan en actitud hostil contra el gobierno legítimamente constituido sepan cuáles son las consecuencias

Luisa Ortega Díaz, Fiscal General de Venezuela

La manifestación fue dispersada por agentes de seguridad. Once personas fueron detenidas bajo cargos de alterar el orden público y causar lesiones. Los aludidos aseguran que son inocentes y denuncian que fueron perseguidos por los policías aún después de correr huyendo de las bombas lacrimógenas.

Este viernes el tribunal que lleva su caso decidió privarlos de su libertad y ordenó su reclusión en un penal para delincuentes comunes de la ciudad de Caracas, conocido como La Planta.

También el prefecto de la ciudad (autoridad administrativa municipal), Richard Blanco, fue colocado bajo arresto por supuestamente intentar asfixiar a un oficial de policía durante la marcha contra la Ley de Educación del pasado fin de semana.

La defensa de Blanco alega que los hechos ocurrieron exactamente al contrario, y que el prefecto sólo intentó proteger al policía de personas alteradas.

Para el alcalde metropolitano, Antonio Ledezma, se trata de acciones para intimidar a la población. “Esto es prácticamente una suspensión de garantías de hecho, estamos viviendo un estado de excepción”, dijo.

Hostilidad o subjetividad

“Esto es una confesión de que el derecho penal se usa en Venezuela para criminalizar la disidencia o la oposición”, opinó por su parte Gonzalo Himiob, portavoz de la ONG Foro Penal Venezolano, consultado sobre las declaraciones de la fiscal Luisa Ortega.

Himiob argumentó que, en primer lugar, la Fiscal no tiene la potestad para determinar si se cometió un delito o no, sino sólo de investigar y someter a consideración de los tribunales.

 Manifestante en protesta contra el gobierno en Caracas el 22 de agosto

El alcalde metropolitano, Antonio Ledezma, considera que se trata de acciones para intimidar a la población.

Por otro lado, afirmó, los delitos de “alteración de la paz” o el “orden público” son “figuras jurídicas de muy difícil determinación”.

Por último, el abogado señaló a BBC Mundo que los delitos escogidos por la fiscal, “además de responder a estos términos imprecisos y vagos, tienen un sesgo estatista, que lo que busca es mantener y proteger al poder por encima de los derechos ciudadanos”.

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