Última actualización: lunes, 18 de mayo de 2009 - 14:56 GMT

Bolivia: juicio contra Sánchez de Lozada

Gonzalo Sánchez de Lozada (foto de archivo)

Sánchez de Lozada está acusado de genocidio por los hechos de octubre de 2003.

A más de cinco años de los hechos sangrientos de octubre de 2003, la Corte Suprema de Justicia de Bolivia tiene previsto iniciar este lunes el juicio de responsabilidades contra del ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, su gabinete y el alto mando militar de entonces.

Aquel octubre de 2003, tras la muerte de 60 personas en revueltas populares que fueron reprimidas por las Fuerzas Armadas, el ex presidente huyó a Estados Unidos y desde entonces no ha regresado.

Para lograr su juzgamiento, se pedirá la extradición de los procesados. De hecho, ya está en curso una solicitud de ese tipo a Estados Unidos para que Sánchez de Lozada regrese al país.

Además, se conoce que al menos seis miembros de su gabinete se asilaron en Estados Unidos y Perú.

El fiscal que lleva adelante el caso, Milton Mendoza, le explicó a BBC Mundo que, de acuerdo con la ley, se suspenderá el proceso para los ausentes. Eso quiere decir que el juicio se iniciará sólo para los presentes.

Como "los ausentes están renuentes a cualquier proceso, la ley prevé la separación del proceso, se los declara rebeldes y se interrumpe la prescripción", indicó Mendoza. Esto quiere decir, señaló el fiscal, que los demás acusados serán juzgados cuando regresen al país, sin importar cuánto tiempo haya pasado.

En el juicio contra Sánchez de Lozada, que se llevará a cabo en Sucre, la sede del Poder Judicial de Bolivia, además del ex presidente están acusadas 17 personas, entre ellas, 11 ministros y cinco ex jefes militares.

La Fiscalía asegura tener 2.500 testigos y 4.000 documentos que prueban la culpabilidad de los acusados, por lo que el juicio puede durar meses.

juicio relevante

(Como) Los ausentes están renuentes a cualquier proceso, la ley prevé la separación del proceso, se los declara rebeldes y se interrumpe la prescripción

Milton Mendoza, fiscal del caso

Pese a que el juicio se iniciará en ausencia de los principales acusados, es considerado relevante porque es la primera vez que un ex presidente constitucional va a juicio en este país. Antes había sido juzgado el ex presidente "de facto" Luis García Meza, quien cumple una condena de 30 años de prisión en una cárcel de La Paz.

El fiscal informó que todo está listo para el inicio del proceso, pero no descartó que se tengan que afrontar "excepciones o incidentes" de último momento planteados por los acusados.

Sánchez de Lozada está acusado de genocidio -en su variante de masacre sangrienta- que en Bolivia se sanciona con una pena máxima de 20 años de prisión.

El abogado de las víctimas del caso denominado "octubre negro", Rogelio Mayta, advierte contradicciones en las penas, puesto que mientras el genocidio se castiga con 20 años de prisión, el asesinato de una persona se sanciona con una pena máxima de 30 años de prisión. Mayta también asegura que, durante los últimos cinco años, fallecieron 10 personas consideradas víctimas de la violencia política.

Sánchez de Lozada, de tendencia liberal, gobernó Bolivia entre 1993 y 1997, en su primer período; y entre 2002 y 2003, en el segundo, cuando tuvo que renunciar al cargo tras una ola de protestas en contra de la venta de gas natural a Estados Unidos a través de un puerto chileno.

Evo Morales en escena

Tras la salida de Sánchez de Lozada, Bolivia ingresó a una etapa de transición, en la que gobernaron Carlos Mesa y Eduardo Rodríguez. Este último convocó a elecciones generales, que fueron ganadas por el actual presidente Evo Morales.

El partido de Morales es ahora el principal impulsor del juicio en contra de Sánchez de Lozada y sus ministros.

Por eso, el presidente considera que Estados Unidos y Perú "protegen a delincuentes", pues en Perú se asilaron tres ex ministros y en Estados Unidos viven otros tres, además de Sánchez de Lozada y su familia.

El fiscal Mendoza considera que el juicio constituirá un precedente "para que en nuestro país nunca más se pueda privar de la vida a los ciudadanos usando la fuerza del Estado".

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