Cecilia Barría
BBC Mundo, México

Para la CEM, en México hay sacerdotes que viven bajo la amenaza del narcotráfico.
"Un día apareció una iguana en la oficina. Tenía un papel amarrado en la cola que decía: no se metan con nosotros. Esa fue la primera vez que nos amenazaron", denunció el sacerdote Blas Alvarado, párroco de Tenosique, estado de Tabasco, en el sureste de México.
Fray Alvarado dijo que las organizaciones criminales no lo han amedrentado y que está dispuesto a enfrentar las consecuencias de hacer pública su denuncia contra los delincuentes que operan en la zona.
¿Pero quiénes están detrás de esas amenazas?
"Los Zetas, instituciones de gobierno, mafias que controlan el tráfico de personas", le dijo Alvarado a BBC Mundo en conversación telefónica.
El sacerdote cree que ha sido blanco de amenazas "por denunciar y exigir que se aplique la ley".
Y su caso no es el único. De hecho, la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), reconoció que al menos en nueve estados del país hay sacerdotes que viven constantemente bajo la amenaza de narcotraficantes.
Todos lo sabemos (el paradero del "Chapo" Guzmán), menos la autoridad.
Héctor González, arzobispo de Durango.
Según el sacerdote Manuel Corral, encargado de relaciones institucionales del CEM, esta situación se ha dado especialmente en las zonas del país que han estado marcadas por la violencia.
"Cuando los sacerdotes denuncian las cosas que están ocurriendo, les dicen: te callas o te callamos. Esa es la realidad que tienen que enfrentar", le dijo Corral a BBC Mundo.
Auque no forma parte oficial de la agenda, es probable que de una u otra manera este tema forme parte de las conversaciones entre los obispos que participan en la Asamblea anual de la Conferencia del Episcopado Mexicano que se celebra esta semana en el Estado de México.
Uno de los asistentes es el arzobispo de Durango, Héctor González, quien el fin de semana denunció que el narcotraficante más buscado en México, Joaquín "El Chapo" Guzmán Loaera, vive en la zona.
"Todos lo sabemos, menos la autoridad", precisó el sacerdote.
Estas declaraciones provocaron una fuerte polémica que obligó al arzobispo González a decir públicamente que su denuncia tenía como fuente comentarios de los feligreses, pero que él no contaba con mayores indicios sobre el paradero del capo de la droga considerado por la revista Forbes como uno de los hombres más ricos del planeta.

"El Chapo" Guzmán es uno de los narcotraficantes más buscados, por las autoridades y por sus enemigos.
Ante la denuncia del arzobispo las autoridades de Durango reaccionaron señalando que han realizado todas las investigaciones pertinentes.
"Cada vez que han existido comentarios sobre presuntas operaciones del narcotráfico nosotros hemos participado en operativos con el Ejército y le hemos prestado nuestro apoyo", le dijo a BBC Mundo Oliverio Reza, secretario general del Gobierno de Durango.
Reza insistió en que si el arzobispo cuenta con elementos que permitan abrir una investigación, debería acudir a la fiscalía para poner esos datos a disposición de la justicia.
En el norteño estado de Durango son comunes los rumores y testimonios de personas que aseguran haber visto al capo del cartel de Sinaloa trasladándose en su automóvil por las calles de la capital.
Sin embargo, hasta ahora no se ha dado a conocer públicamente evidencia que demuestre que el "Chapo", prófugo de la justicia, reside en la zona.
El tema no es nada fácil, porque muchos de los habitantes de Durango afirman que las denuncias se van a un saco roto porque nadie investiga.
"En el Distrito Federal se ha tenido que trasladar a siete sacerdotes a otras parroquias porque han sido amenazados. Si hasta hemos encontrado venta de droga afuera de las misas dominicales", le dijo a BBC Mundo Hugo Valdemar, director de Comunicación de la Arquidiócesis de México.
Valdemar señaló que incluso se han registrado casos de religiosos que han sido secuestrados por denunciar a las bandas de narcotraficantes.
Desde su punto de vista la solución a este tipo de problemas reside en la promoción de los valores cristianos dentro de la sociedad mexicana.
Pero al mismo tiempo, Valdemar destacó la importancia de denunciar y presentar demandas cada vez que sea necesario como una herramienta indispensable para que se cumpla la ley.
El próximo jueves concluye la Asamblea de la Conferencia Episcopal en la que se espera que exista algún tipo de pronunciamiento sobre los niveles de violencia que afectan al país y que en 2008 dejaron un saldo de más de 6.000 muertos, una cifra que en los últimos meses ha seguido incrementándose.
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